DOCTRINA LABORAL

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DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 70/23: “CASO JUDICIAL” Y “LEGITIMACIÓN COLECTIVA” SENTENCIAS “OBSERVATORIO” (CFCA 30/1/2024) Y “CGT” (CNAT 30/1/2024)

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 70/23:

“CASO JUDICIAL” Y “LEGITIMACIÓN COLECTIVA”

SENTENCIAS “OBSERVATORIO” (CFCA 30/1/2024)

Y “CGT” (CNAT 30/1/2024)

 

 

          1.- Introducción:

 

          A menos de dos meses de su publicación en el Boletín Oficial, con fecha 30/1/2024 el DNU 70/23 ya fue objeto de dos sentencias definitivas -no firmes aun-.

 

Muchos otros procesos de similar tenor se encuentran en la actualidad en pleno trámite, pero de momento, amerita detenerse en estos dos casos, “OBSERVATORIO[i] y “CGT[ii], por constituir los primeros pronunciamientos de fondo en la temática y emanados de órganos de segunda instancia, ya que provienen de sendas Salas de Feria: la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, respectivamente.

 

          Como se observa de los fallos, que pueden consultarse al pie de este artículo, el resultado para el Estado Nacional ha sido totalmente opuesto: en el primer caso el Poder Ejecutivo resultó victorioso, toda vez que la acción de amparo deducida por la Asociación “OBSERVATORIO” y ciudadanos particulares fue rechazada por razones formales, mientras que, por el contrario, en el segundo sufrió una amplia derrota, pues la Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 70/23 en la totalidad de su capítulo laboral, tanto individual como colectivo.

 

          En las dos sentencias el derecho procesal tiene un particular protagonismo en los institutos referidos al “caso judicial” y la “legitimación colectiva”, amén de otras figuras de orden sustancial y reconocida importancia, como la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia.

 

Pero hemos seleccionado para este comentario exclusivamente la materia formal, en vista de que, al igual que el resultado opuesto de victoria/ derrota que se destacó precedentemente, también divergen los modos en que se desarrollaron ambos juicios en la cuestión relativa al carácter colectivo de cada amparo.

 

          En efecto, el caso “OBSERVATORIO” se inicia con la orden del juez interviniente, de inscribir el proceso en el Registro Público de Procesos Colectivos (Acordadas CSJN 32/2014 y 12/2016) aunque, es de destacar, con parámetros que se evidencian desmesurados por su inusual amplitud. Así, se definió al “colectivo involucrado” en el de “todos los habitantes alcanzados por y/o sujetos al DNU 70/2023 que afirmen su inconstitucionalidad…”, extendiéndose la pretensión a la -total- “declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y del artículo 24 de la ley 26.122”. Esta decisión, pocos días después y ya en el receso judicial, fue revertida de oficio por el magistrado de feria[iii], que dispuso el retiro de dicha inscripción y la conversión del amparo en individual.

 

Por su parte, el juicio “CGT” tuvo un recorrido absolutamente opuesto: no se le imprimió el trámite de juicio colectivo[iv] en ninguna de sus actuaciones. No obstante, en oportunidad de dictarse la sentencia de segunda instancia, es decir, ya concluidos los aspectos de tramitación, la Cámara del Trabajo ordenó, entre los puntos resueltos en el fallo, la inscripción del proceso en el Registro en cuestión. Más adelante, profundizaremos sobre los efectos que se producen ante esta situación.

 

No escapará al lector que la determinación del tipo proceso y, por consiguiente, sus reglas de trámite y el alcance del fallo (inter partes/erga omnes), más allá de las facultades que el ordenamiento confiere a los magistrados, están sujetos al principio de preclusión.

 

Ello obliga a una apreciación crítica de las tres resoluciones comentadas: la inicial del juicio “OBSERVATORIO” por su desborde; su posterior revocatoria por oficiosa[v], y finalmente, la emanada de la Cámara del Trabajo en su Sala de feria en el caso “CGT”, sin perjuicio de su acierto en el fondo, por oficiosa y extemporánea, al asignar un efecto universal a un proceso finiquitado, que no tramitó bajo la forma de amparo colectivo y en perjuicio de las posibles defensas de otros afectados o legítimos titulares de derechos similares o contrapuestos.

 

Queda también deja como evidencia, el amplio margen de discrecionalidad judicial desplegada en ambos casos, producto de la notoria precariedad y orfandad normativa del sistema de acciones de clase en nuestro derecho.

 

Así, a 30 años de la reforma constitucional de 1994 se patentiza la mora del Congreso en dictar una regulación específica, lo que deja, como únicas normas aplicables al propio art. 43 CN y las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 32/2014 y 12/2016, junto con la construcción jurisprudencial progresiva del Alto Tribunal.

 

          2.- Caso judicial y legitimación: dos institutos constitucionales interconectados:

 

Retomando la letra de los fallos “OBSERVATORIO” y “CGT”, en ambos se discuten los institutos del “caso judicial” y de la “legitimación colectiva”. Ello implica, en el primer caso, la verificación de la existencia de una contienda real como presupuesto para el acceso a la jurisdicción. Y en el segundo, el examen judicial la aptitud de quien se presenta en el juicio para intervenir en nombre de un tercero.

 

Ambos aspectos, la figura de “caso judicial” y la de “legitimación colectiva”, tienen nivel constitucional y no son simples cuestiones generales del proceso.

 

En efecto, la exigencia de un “caso judicial” como presupuesto de la jurisdicción deriva del art. 116 CN como forma de preservar el equilibro entre los poderes del Estado[vi], mientras que la legitimación colectiva, entendida como la capacidad de “litigar en defensa de intereses ajenos[vii], goza de reconocimiento en nuestra Ley Fundamental para supuestos excepcionales a partir de la incorporación del art. 43 CN, luego de la reforma de 1994.

 

A ello se agrega que ambos institutos se encuentran ineludiblemente interconectados, en tanto el alcance de la pretensión -es decir, su mayor o menor generalidad o especificidad- se evalúa en conjunto con la medida del interés de quien acude al Tribunal y con la legitimación que invoca para peticionar a tal respecto.

 

Así tiene dicho la Corte Suprema que “la existencia de “caso” presupone la de “parte”, esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso[viii]. Y con cita de jurisprudencia americana, indica que «al decidir sobre la legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre el status afirmado [por el litigante] y el reclamo que se procura satisfacer», el cual «resulta esencial para garantizar que [aquél] sea una parte propia y apropiada que puede invocar el poder judicial federal» (‘Flast v. Cohen’)…”.[ix]

 

          3.- El “caso judicial” como presupuesto de la jurisdicción:

 

          La cuestión del “caso judicial en nuestra opinión no merece su debido lugar en los planes de estudio de la carrera de Derecho.

 

Su origen es el propio texto constitucional, en sus art. 116 y 117 -antes de la reforma de 1994, arts. 100 y 101-, en cuanto atribuye al Poder Judicial el conocimiento y decisión en “causas” y “asuntos”, disposiciones que han tenido reglamentación legal temprana en nuestra historia jurídica a través de la ley N° 27 (16/10/1862)[x], cuyo artículo 2° establece que la Justicia Nacional: “Nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte.”[xi]

 

La ratificación por la Corte Suprema de la necesidad de existencia de una causa, asunto o caso judicial[xii], “es un criterio judicial permanente desde la organización de [la] Justicia Nacional[xiii] deriva del principio constitucional de división y equilibrio de poderes y su construcción tiene por objeto impedir que el órgano jurisdiccional ejerza un control genérico sobre el plexo normativo o el accionar de la administración, convirtiéndose de este modo en un centro de poder superior al legislativo o al ejecutivo. Esta doctrina se remota a fallos tan antiguos como los ubicados en el propio tomo 1:27[xiv] de sentencias del Máximo Tribunal, así como los tomos 2:253; 5:316; 24:248, 94:444, 95:51, entre tantos ejemplos.

 

De este modo, desde los inicios mismos del sistema constitucional, el Alto Tribunal ha sentado la doctrina, subsistente hasta la actualidad, de que su jurisdicción requiere la presencia de una “contienda[xv], entendida ésta como la “determinación de derechos debatidos entre partes adversarias”.[xvi]

 

De allí que en nuestro derecho la Corte Suprema no oficie como un órgano consultivo, no se pronuncie en abstracto sobre la constitucionalidad de las leyes o decisiones gubernamentales, no intervenga para una depuración genérica del orden jurídico, no admita acciones populares o en el mero interés de la legalidad y no se expida sobre decisiones políticas propias de los restantes poderes de Gobierno.

 

Para evidenciar el firme criterio del Máximo Tribunal, transcribimos dos fallos antiguos, con exquisita claridad y lenguaje de época:

 

“…la misión de un Tribunal de justicia es aplicar las leyes á los casos ocurrentes, y su facultad de esplicarlas é interpretarlas se ejerce solo aplicándolas á las controversias que se susciten ante ellos para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones; y no puede pedirse que el Tribunal emita su opinión sobre una ley, sinó aplicándola á un hecho señalando al contradictor».[xvii]

 

“No puede ejercitarse la jurisdicción federal respecto de una ley provincial que se pretende ser contraria a la Constitución Nacional, mientras no se someta a su conocimiento un caso judicial originado por la ejecución de aquella y que dé mérito para discutir su validez.[xviii]

 

          Más adelante también dijo la Corte:

 

“El Poder Judicial no puede hacer declaraciones en abstracto.”[xix]

 

 

“Uno de los caracteres esenciales del poder judicial, consiste en pronunciarse en casos particulares, y no sobre principios generales, ni por vía de medida general.”[xx]

 

 

“La Suprema Corte no puede dictar resoluciones, sin producirse caso judicial.[xxi]

 

 

“No corresponde [al Poder Judicial de la Nación] hacer declaraciones generales o en abstracto, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes que dicte el honorable congreso o de los decretos del Poder Ejecutivo, sino únicamente con relación a la aplicación de éstas al hecho o caso contencioso producido”[xxii]

 

“Los jueces no pueden tomar por sí una ley o una cláusula constitucional y estudiarla en teoría, sino sólo aplicarla a las cuestiones que se suscitan o se traen ante ellos por las partes a fin de asegurar el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligación, no resultando apto a esos fines el interés personal de «ciudadano»[xxiii]

 

Intentar un “inventario” de sentencias sobre la temática del “caso judicial” sería tan extenso como agotador para el lector, debiéndose señalar que la posición jurisprudencial se verifica invariable hasta el presente.[xxiv]

 

 

Prueba de ello es el último pronunciamiento en la materia, dictado hace escasos cuatro meses – 2/11/2023- en el caso “Asociación Comunitaria La Matanza”: “En nuestro sistema constitucional la existencia de un caso judicial es una precondición para la intervención de los tribunales nacionales y constituye un requisito sine qua non de su accionar (art. 116, Constitución Nacional; artículo 2, ley 27). Tan central resulta la concurrencia de un “caso” que su existencia es comprobable de oficio y en cualquier estado del proceso y su desaparición importa también la desaparición del poder de juzgar (doctrina de Fallos: 340:1084; 341:1356; 342:853; 345;1531, entre otros).”[xxv]

 

 

Y en otro fallo reciente reitera el criterio tradicional: “Dicho precepto -art. 116 CN- limita el control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa, no para eludir cuestiones de repercusión pública, sino para la trascendente preservación del principio de separación de poderes (Fallos: 306:1125; 307:2384; 310:2342; 330:3109; 345:1312).”[xxvi]

 

         

          4.- Legitimación y legitimación colectiva:

 

          Como se señaló en el acápite 2°, la cuestión del “caso judicial” está eminentemente ligada a la legitimación procesal[xxvii] pues ésta constituye su necesario antecedente[xxviii]. Prueba de ello es que las sentencias más antiguas de la Corte que se han transcripto más arriba al referirse al” caso”, también se habla de “partes”, “adversarios”, “contradictores” y “colisiones efectivas de derechos”[xxix].

 

          En forma progresiva la Corte Suprema fue precisando el concepto de legitimación[xxx] exigiendo de los litigantes “tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que lleve a considerar la presente como una «causa», «caso» o «controversia», único supuesto en que la función [jurisdiccional] puede ser ejercida.”[xxxi]

 

          De este modo, se rechazó la legitimación genérica de quien impugnaba normas en su carácter de “ciudadano” [xxxii], de “legislador”[xxxiii], la posibilidad de una acción de tipo popular[xxxiv] o en el mero interés de la legalidad[xxxv]:

 

          Más adelante, con la reforma constitucional de 1994 y la incorporación del art. 43 CN, a la compleja cuestión de la legitimación individual se sumó la aún más ardua de la legitimación colectiva[xxxvi], que el Alto Tribunal definió como la capacidad otorgada por la norma constitucional de “promover la acción de amparo a sujetos potencialmente diferentes de los afectados en forma directa por el acto u omisión que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley.”[xxxvii]

 

La legitimación colectiva, es dable señalar, a la fecha carece de una construcción legislativa, por lo que el instituto fue materia de progresivo tratamiento jurisprudencial.

 

De este modo, el análisis sustancial en materia de derechos de incidencia colectiva llega por un fallo del Máximo Tribunal en el año 2099 con la sentencia “HALABI”[xxxviii], donde la Corte clasifica los derechos en tres categorías.

 

Dice así en su considerando más célebre: “Que en materia de legitimación procesal corresponde, como primer paso, delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. En todos esos supuestos, la comprobación de la existencia de un «caso» es imprescindible… ya que no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición. Sin embargo es preciso señalar que el «caso» tiene una configuración típica diferente en cada uno de ellos, siendo esto esencial para decidir sobre la procedencia formal de pretensiones…

 

Y en relación con los derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos, que es el aspecto que interesa a este trabajo, señala: “Que la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados.” [xxxix]

 

Sigue el fallo: “En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño. Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase en el ámbito específico que es objeto de esta litis. Este aspecto resulta de gran importancia porque debe existir una ley que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer dichas acciones, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos. Frente a esa falta de regulación -la que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituido-, cabe señalar que la referida disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular.

 

No obstante, y más allá de los legítimos reclamos de justicia al amparo del art. 43 CN, la estrategia de la “legitimación colectiva” también fue utilizada como una excusa para discutir por la vía judicial cuestiones políticas o acciones gubernamentales o propiciar debates ideológicos, a fin de lograr notoriedad y resonancia periodística, pero, pasada la novedad mediática, destinados al rechazo, con evidente dispendio jurisdiccional.[xl]

 

Por ello la Corte advirtió -y advierte, hasta el presente-: “Que de esa ampliación constitucional de los sujetos a quienes se reconoce legitimación procesal para requerir el amparo, no se sigue la automática aptitud para demandar, sin examen de la existencia de cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción… la incorporación de intereses generales o «difusos» a la protección constitucional, en nada enerva la exigencia de exponer cómo tales derechos se ven lesionados por un acto ilegítimo o por qué existe seria amenaza de que ello suceda, a los efectos de viabilizar la acción de amparo…  la protección que el nuevo texto constitucional otorga a los intereses generales, no impide verificar si éstos, no obstante su compleja definición, han sido lesionados por un acto ilegítimo, o existe amenaza de que lo sean. En esa tarea, es relevante determinar si, asumiendo la justiciabilidad de un caso, un pronunciamiento favorable al demandante podría reparar el daño invocado (doctrina de la Suprema Corte de Estados Unidos de Norteamérica, en «Simon v. Eastern Ky Welfare Rights Org.» 426 U.S. 26, pág. 38, 1976).[xli]

 

Y así estableció, con cita de la jurisprudencia norteamericana, la exigencia del agravio diferenciado, que en posteriores fallos el Alto Tribunal adoptó como propio: “Ha de recordarse igualmente que, como regla, un daño es abstracto cuando el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, y tampoco puede fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes (doctrina del mismo tribunal, en 418 U.S. 208).”[xlii]

 

Véanse las duras palabras que dirigió el Supremo al inferior en un fallo actual: “…este Tribunal no puede dejar de advertir que el magistrado actuante -con una notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes de este Tribunal- ha dado trámite a una acción promovida por quien manifiestamente carece de legitimación activa tanto en su carácter de ciudadano (arg. de Fallos: 321:1252, con cita de “Schlesinger v. Reservists Committee to Stop the War”, 418 U.S. 208, especialmente págs. 222, 226/227; Fallos: 322:528; 324:2048, entre otros) como en el de diputado nacional (Fallos: 313:863; 317:335; 322:528; 323:1432; 324:2381; 333:1023; 339:1223, entre otros) y, en consecuencia, se ha pronunciado fuera de un caso contencioso que pueda autorizar la intervención del Poder Judicial (artículo 116 de la Constitución Nacional; artículo 2° de la ley 27 y Fallos: 322:528; 326:3007; 340:1084; 342:853, entre muchos otros).”[xliii]

 

La seriedad o su ausencia de los reclamos no es el único punto conflictivo de la legitimación colectiva, sino que en forma paralela se presentó la cuestión de la multiplicidad de procesos de esta índole, con objetos idénticos y posibilidad de sentencias contradictorias.

 

Así, dijo la Corte en el año 2014: “se ha advertido un incremento de causas colectivas con idénticos o similares objetos que provienen de distintos tribunales del país, lo que genera, además de un dispendio jurisdiccional, el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias y de que las decisiones que recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de las planteadas en otro y también favorece la objetable multiplicación de acciones procesales con objetos superpuestos tendientes a ampliar las posibilidades de obtener alguna resolución -cautelar o definitiva- favorable a los intereses del legitimado activo o de interferir en la decisión dictada en el marco de otro expediente,”[xliv]

 

Por ello, en el mismo año, a través de la Acordada N° 32/2014 se instituyó un Registro Público de Procesos Colectivos y dos años más tarde, en el 2016, un Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos, aprobado por la Acordada 12/2016, que constituye la regla procesal que rige el trámite de este tipo de procesos.

 

En estas Acordadas se aborda la preocupación de la Corte en cuanto a los efectos expansivos o erga omnes de las sentencias en las acciones de clase, cuestión ya advertida en el año 2009 con el fallo “HALABI”:

 

“…se torna indispensable formular… precisiones, con el objeto de que ante la utilización que en lo sucesivo se haga de la figura de la «acción colectiva» que se ha delineado en el presente fallo, se resguarde el derecho de la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar. Es por ello que esta Corte entiende que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte. Es menester, por lo demás, que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos.”[xlv]

 

A la fecha, aun cuando han transcurrido más de 30 años de la reforma constitucional, el Congreso sigue en mora en cuanto a la reglamentación de las acciones de clase, y en particular, la definición de una cuestión sustancial, que radica en la suficiente legitimidad -no nos referimos a legitimación sino a representatividad- de quien peticiona a nombre de terceros, ya que de hecho existen conflictos y posiciones divergentes en el seno de mismo conjunto de “interesados” o “afectados”, quedando muchas veces los juicios en manos de quienes desarrollan un activismo más veloz, y desatendidos los fundamentos de los disconformes, con frustración de su posibilidad de ser escuchados, tener voz propia o participar en el proceso.

 

4.- La sentencia de la Cámara Contencioso en “OBSERVATORIO”:

 

          La sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo (Sala de feria) en el juicio “OBSERVATORIO” comienza con la reproducción del fallo dictado en Primera Instancia, donde, a la luz del instituto del “caso judicial”, obra el análisis del escrito de demanda de la parte actora y del objeto estatutario[xlvi] de dicha Asociación[xlvii]/[xlviii], premisas a partir de las cuales corresponde efectuar el análisis de coherencia entre la pretensión desplegada -caso judicial- y la legitimación que se invoca.

 

De este modo, la pretensión de la demanda y el agravio invocado consisten en: “que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia (en adelante DNU) N° 70/2023, por violar la Constitución de la Nación Argentina (arts. 29, 33, 36, 76; art. 75, incisos 18 y 19, art. 99, inciso 3), por constituir el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, por constituir una desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”. (el subrayado nos pertenece)

 

Y ello alcanza, como señala el fallo, a (la pretensión de) “derogar por completo 41 leyes y parcialmente 7 leyes, como así también se pretenden modificar 33 leyes” al tratarse de un DNU “…que afecta la vigencia y contenido de 81 leyes y abarca materias diversas como: Reforma del Estado, Desregulación Económica, Trabajo, Comercio Exterior, Bioeconomía, Minería, Energía, Aerocomercial, Justicia, Código Civil y Comercial, Salud, Comunicación, Deportes, Sociedades, etc.”.

 

Por esta razón, recuerda la Cámara que en Primera Instancia se señaló que “no puede dejar de advertirse que dentro de la generalidad de las personas que la Asociación actora dice representar -sin perjuicio de la imprecisión ya señalada-, podrían existir personas que no se hayan visto alcanzadas por la normativa atacada, o que el nivel de afectación resulte diferente en cada situación. Ello es así, toda vez que la normativa cuestionada modifica leyes que regulan materias muy disímiles entre sí (Farmacias, Hidrocarburos, Turismo, Energía Eléctrica, Código Civil y Comercial, Registro Automotor, Trabajo, Salud, Comercio Exterior, Reforma del Estado, Código Aeronáutico, entre otras, y dentro de ellas aspectos particulares) y que tramitarían en diferentes ámbitos judiciales, por lo que podrá, en su caso, examinarse -en los términos del artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional- de manera independiente y en relación a cada materia -en concreto ante los diferentes tribunales en su competencia específica, ya que las decisiones sobre su aplicación y/o validez podrían ser diferentes en cada supuesto y en cada jurisdicción.”

 

En cuanto al fondo del recurso y respecto de los agravios del memorial de apelación, destaca la Cámara Contencioso “…que, en definitiva, entre los derechos vulnerados que denunció esa parte “…principalmente se encontraban el Derecho a la Democracia (a participar en el gobierno del país directa o indirectamente) y el respeto de las instituciones del sistema republicano de gobierno”. … Afirma que los actores como ciudadanos de la Argentina se encuentran legitimados “…porque en los presentes autos porque se verifica la existencia de una norma que pretende vulnerar el principio republicano, la división de poderes y la interdicción constitucional de la suma del poder público lo cual pone en juego la existencia misma del Estado constitucional y convencional de derecho argentino”. Remarca que la sentencia recurrida implica una violación del derecho de acceso a la justicia y un obstáculo a la defensa de la Constitución y del sistema republicano y democrático.”

 

 

A lo que, en síntesis, respondió la Sala de Feria con la “inexistencia del derecho subjetivo a la legalidad, [lo que] determina que –salvo hipótesis excepcionales– la reacción impugnatoria no pueda ser promovida por quien no se encuentra personal y directamente perjudicado. Este factor opera como límite negativo. No basta cualquier interés; concretamente, no alcanza el interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado…”. Para luego citar la reiterada doctrina de la Corte Suprema en cuanto a que “la existencia del daño es abstracto cuando el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos y tampoco puede fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se cumpla la Constitución y las leyes (Fallos: 321:1352; 323:1261; 327:2512; 331:2287, etc.).”

 

 

Finalmente, en un aspecto que conviene tener presente al momento de evaluar el fallo “CGT”, la Cámara trata una cuestión que resulta definitoria -receptando el dictamen Fiscal-, al advertir que la acción de amparo perdió su carácter colectivo y se transformó en individual -aspecto que no fue objeto de recurso por la demandante-, motivo por el cual la Asociación accionante debió acreditar un interés propio en la acción y no ya el proveniente de la legitimación colectiva invocada.

 

Así dice: “… como bien ha sido puesto de resalto –en autos– por el Sr. Fiscal Federal (en su bien fundado dictamen del 21/01/2024), la circunstancia que la actora haya pretendido venir “…en defensa de los derechos colectivos de la ciudadanía a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes…”, cuando este proceso quedó calificado y tramitado como “amparo individual” mediante resolución firme del 04/01/2024, constituye un óbice para la determinación de la existencia de “caso”, “causa” o “controversia” en los términos art. 116 y 117 de la Constitución Nacional.”

 

                6.- El caso “CGT”:

 

          El caso “CGT” presenta aristas diferentes, pues la sentencia de Primera Instancia admitió la pretensión en forma parcial, solo en cuanto a las normas de carácter colectivo, rechazándola, por falta de legitimación y ausencia de un interés directo en lo referido a la modificación de la normativa individual del trabajo (ley 20.744).

 

De inicio, a diferencia del exceso de la “Asociación Observatorio” de pretender representar genéricamente a “todos los habitantes alcanzados por el DNU 70/23” para el cuestionamiento de “todas sus disposiciones”, es necesario reconocer y admitir la legitimación colectiva de la Confederación General del Trabajo, como entidad de último y máximo grado con reconocimiento de personería gremial, conferida además en forma expresa por el texto legal de la ley 23.551, que en su art. 31 dice:

 

“Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores;”

 

Es de señalar que, por la época de entrada en vigor de la ley 23.551 (año 1988), el vocablo “colectivo” del art. 31 inc a no tiene relación con la protección de los derechos “colectivos” del art. 43 CN, sino que su acepción corresponde a cuestiones de tipo sectorial.

 

No obstante, es de señalar que, por provenir de un texto que constituye ley formal y material, aún en forma previa a la reforma constitucional de 1994, la norma admitía ya desde su sanción la capacidad de las entidades sindicales para representar derechos ajenos, los de los trabajadores, en los términos que la Carta Constitucional posteriormente estimó como derechos de incidencia colectiva en general[xlix] que incluyen también en particular, los referidos intereses individuales homogéneos.

 

Por otra parte, el Máximo Tribunal -con remisión al dictamen del Procurador- ha reconocido la legitimación de las entidades sindicales en base tanto a la norma legal como la constitucional.

 

Así se dijo en “Sindicato Argentino de Docentes Particulares”: “… no aparece como indebida la legitimación procesal que se ha otorgado al sindicato amparista, asociación que cuenta con la respectiva personería gremial, y por lo tanto encargada de representar frente al Estado y los empleadores, tal el caso de autos, los intereses individuales y colectivos de los trabajadores (art. 31, ley de Asociaciones Sindicales, n 1 23.551). Por otra parte, cabe destacar que la reforma de la Constitución Nacional de 1994 introdujo una modificación trascendente en relación a la acción de amparo, otorgándole una dinámica desprovista de aristas formales que obstaculicen el acceso a la jurisdicción cuando están en juego garantías constitucionales, y ampliando la legitimación activa de los pretensores potenciales en los casos de incidencia colectiva en general, legitimando en este aspecto a las asociaciones, de las que no cabe -a mi juicio- excluir a las sindicales…”[l]

 

De este modo, la legitimación aparece como un aspecto satisfecho en el juicio “CGT”, quedando por analizar el caso judicial y la pretensión desplegada: la impugnación de inconstitucionalidad del DNU 70/2023, extendida a todo el texto laboral del decreto, tanto las disposiciones de derecho sindical como las referidas al contrato individual de trabajo (ley 20.744).

 

A primera vista y en función del número de artículos involucrados en la impugnación, es dable pensar que podría tratarse de un cuestionamiento genérico, tantas veces alertado por la Corte Suprema. Pero, por el contrario, es cierto, como dice la Cámara del Trabajo, que se trata de una “lesión futura causalmente previsible”, definida como “la afectación de los contratos de trabajo de todos y cada uno de los trabajadores alcanzados por las derogaciones y modificaciones legislativas contempladas en los preceptos atacados”, que “reconoce una causa jurídica común y homogénea a todo el grupo[li].

 

En este sentido, para delimitar las acciones meramente genéricas en las que el “caso judicial” está ausente y aquellas que sí contienen impugnaciones constitucionales específicas, resulta esclarecedor el voto del Dr. Petrachi en el caso “SEJEAN”[lii]:

 

“El Tribunal… enfrentó la confusión… entre las peticiones abstractas y generales de inconstitucionalidad, que no pueden revestir forma contenciosa por la ausencia de interés inmediato del particular que efectúa la solicitud y las acciones determinativas de derechos de base constitucional cuya titularidad alega quien demanda y que tienden a prevenir o impedir las lesiones de tales derechos, como son la acción de mera certeza y de amparo o el juicio sumario en materia constitucional, medios por los cuales el sistema de tutela jurisdiccional de las garantías constitucionales adoptado en los inicios del sistema judicial federal, adquiere el desarrollo adecuado al cumplimiento de su finalidad propia.”

 

Se despeja así la cuestión, en tanto el cuestionamiento al DNU tiene como interés diferenciado prevenir una lesión en el ámbito laboral, al que la Cámara Laboral, con cita del fallo “Consumidores Argentinos”[liii],  asigna vocación de constituirse en permanente.

 

Dicho ésto en cuanto a las cuestiones sustanciales del caso “CGT”, no obstante, de la compulsa de las actuaciones y de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo es evidente que el trámite de este amparo no se ajustó a las reglas del proceso colectivo que establecen las Acordadas 32/2014 y 12/2016 de la CSJN.

 

Quizás sea éste el motivo de las quejas de la magistrada de grado al dictar la sentencia de Primera Instancia, cuando señala, no sin cierta desazón, su desacuerdo con varias decisiones adoptadas por jueces precedentes, aun cuando admite que su disconformidad, a los fines procesales, es “irrelevante[liv].

 

Ello así, por cuanto si bien en el escrito de demanda se invocó una legitimación de orden colectivo, no se cumplieron con las exigencias de las referidas Acordadas en cuanto a la determinación del sujeto involucrado, no se requirió la inscripción en el Registro establecido por la Corte Suprema ni tampoco hubo oportunidad de participación de terceros que, en comunidad de derechos, pudieran considerarse llamados a intervenir en la controversia. Y tampoco se ordenó el proceso a dichos fines en los diversos pasos de su tramitación.

 

Se trató de un juicio cerrado al que en la última instancia procesal se le da efectos de alcance general, más allá de que la comunidad esté o no, en todo o en parte, de acuerdo con la decisión. Ello afecta la garantía constitucional de defensa en juicio de quienes, voluntaria o involuntariamente, quedaron excluidos de la litis y pudieran detentar una visión diferente.[lv]  

 

          Pueden formularse varias preguntas. La primera, si el incumplimiento de las Acordadas es esencial, o, como dijo el Procurador en el dictamen de “SADOP”, “los jueces de la causa -frente a una impugnación de índole adjetiva – han cumplido con su función indeclinable de resolver las causas sometidas a su conocimiento, teniendo como norte el asegurar la efectiva vigencia de la Constitución Nacional, sin que puedan desligarse de este esencial deber, so color de eventuales limitaciones de índole procesal que no resultan procedentes…” (con cita de Fallos 313:1513).[lvi]

 

          También surge el interrogante en cuanto a la preeminencia de algún derecho constitucional sobre otro, es decir, si el que invoca la entidad gremial en nombre de los trabajadores es suficiente o superior y permitiría prescindir de las formas y de la participación en el proceso colectivo de otros interesados de la comunidad. Y por qué no debatir si la legitimación colectiva ejercida por la CGT es acorde a sus actuales niveles de valoración, estima, aceptación o rechazo social.

 

Probablemente no alcancemos a saberlo y la cuestión devenga abstracta, por una futura modificación a la LCT, o razones de otra índole, muy probablemente, de cautelosa política judicial de nuestro Supremo.  

 

          No obstante, concluimos este análisis con las palabras de la Corte en el reciente caso “Asociación Comunitaria Colonia La Matanza”[lvii]:

 

“Esta Corte ha señalado reiteradamente que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad y exige que, de manera previa a su inscripción, los tribunales verifiquen si la acción fue promovida como colectiva, dicten la resolución que declare formalmente admisible la acción, identifiquen en forma precisa el grupo o colectivo involucrado en el caso, reconozcan la idoneidad del representante y establezcan el procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio (Fallos: 339:1077, considerando 40 del voto de la mayoría y del voto del juez Maqueda; 339:1254, considerando 4°; 332:111, considerando 20; 342:1747; acordadas 32/2014 y 12/2016)… En efecto, de las constancias de la causa surge que el tribunal de segunda instancia no dispuso la certificación exigida en las acordadas de este Tribunal (artículo 3° de la acordada 32/2014 y artículos V y VIII de la acordada 12/2016); no identificó el colectivo involucrado en el caso; ni justificó la idoneidad del representante. Tampoco estableció un procedimiento para garantizar la apropiada notificación a todos aquellos que podrían tener un interés en el resultado del litigio.”

 

          7.- La legitimación colectiva como “sistema ineficiente”:

 

Para finalizar, es de preguntarse si el sistema de legitimación colectiva, con el diseño actual resulta satisfactorio, en vista de que, al mismo tiempo que ha permitido el reconocimiento de derechos de importancia, como la salud, la preservación del medio ambiente o la defensa de cuestiones constitucionales fundamentales, también es cierto que ha permitido y permite la proliferación de litigantes aventurados, absolutamente carentes de representatividad, que, pese a la jurisprudencia reiterada de la Corte, acuden a los tribunales con plena conciencia de su sinrazón y provocan un notorio dispendio de justicia.

 

Y a tal efecto, nos permitimos reproducir la lúcida reflexión de la sentencia de Primera Instancia en el juicio “CGT” cuando describe la realidad del Poder Judicial como:

 

“…la ventanilla pública en la que cualquier persona (humana o no humana) puede presentarse a reclamar ´lo que vale, lo que puede y lo que se le debe´ y en la que debe al menos admitirse su petición inicial para darle un trámite formal y una decisión final, aunque sea desestimatoria.”[lviii]

 

           En este sentido, este pronunciamiento de grado, a nuestro criterio, expone correctamente el problema que generó en el cuerpo constitucional la introducción del art. 43 con la reforma en el año 1994, al imponer “un sistema de control constitucional no ya descentralizado, sino difuso, con efectos erga omnes, híbrido, difícilmente eficiente”[lix].

 

          8.- Palabras finales: la ley 26.122 es inconstitucional pero nadie quiere decirlo:

 

          En forma deliberada se omitió en este artículo el análisis de la cuestión de los decretos de necesidad y urgencia y sus alternativas constitucionales, ya que el trabajo habría sido prácticamente interminable. Ni tampoco se pretendió agotar la temática en los asuntos planteados.

 

          Pero queda, como debate de fondo – que en ninguno de estos dos procesos se ha querido abordar en forma directa- un tema en que queremos insistir: la constitucionalidad de la ley 26.122 de “Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia”. Ley que, a 18 años de vigencia, permite a los DNU alcanzar validez con exigencias menores a las que se requiere en el proceso de formación de las leyes.

 

          Es un capítulo pendiente que exige una revisión legislativa. Mientras tanto, el derecho habrá de recorrer nuevos desafíos, ya que, según las recientes noticias, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está en vías de analizar el DNU 70/2023[lx]. De aprobarse el capítulo laboral habrá suficiente material para un nuevo artículo en cuanto a la posibilidad o no, de ratificación o subsanación de la norma. Una incógnita de las tantas que ofrece el derecho argentino.

 

 

 

[i] Expte. N° 48.013/2023, CFCA.

[ii] Expte. N° 56.862/2023, CNTrab.

[iii] Ver resolución del 4/1/2024, Expte 48.013/23.

[iv] Ver resolución del 15/1/2024, Expte. 56.862/2023.

[v] Por el contrario, con aplicación del principio de preclusión, en el juicio CGT la sentencia de grado dijo: “Con las dificultades apuntadas, entonces, esta sentencia debe dictarse en el marco definido por las propias partes en sus escritos iniciales, pero también en el de las previas y sucesivas decisiones de esta causa, la mayoría de ellas adoptadas en el tiempo de receso estival y todas ellas anteriores a mi intervención.” Y más adelante: “Mi opinión contraria a la apertura de la feria y al tratamiento de la cautela en el mes en curso es irrelevante; la actividad judicial durante esta feria ha llevado el trámite hasta el punto de encontrarse los autos para dictar sentencia, por lo que no hacerlo en este acto podría ser leído antes como una demora inexcusable del trámite que como un respeto a las reglas vigentes. Al tratar, entonces, el planteo de fondo de esta causa, no podría ya discutirse de modo razonable la oportunidad (derivada de la habilitación de la feria) ni podría retornarse al debate en torno a la cuestión de la competencia, claramente asumida…” sentencia de Primera Instancia del 24/1/24, Dra. Rodríguez Fernández.

[vi] La limitación de la competencia judicial a un “caso” o “contienda” procede de la doctrina constitucional de los Estados Unidos. Véase en este fallo de la CSJN (Fallos 322:528, «Gómez Diez, Ricardo y otros c/ P.E.N. – Congreso de la Nación s/ proceso de conocimiento», 31/3/1999) las razones de esta exigencia y la afectación al principio de división de poderes que se produciría de permitirse al Poder Judicial una decisión genérica sobre las normas de gobierno: “…el fundamento último de este criterio es el de salvaguardar el principio constitucional de la división de poderes. Así lo consideró el legislador al tratar el proyecto de la ley 27 cuando, por intermedio del miembro informante senador Zapata, se expresó que si la judicatura «se pronunciara sobre una ley sin partir de un proceso», saldría de «su esfera para penetrar en el Poder Legislativo», expresión recordada en el precedente de Fallos: 30:281. De modo semejante se manifestó la doctrina, al señalar que «sin una noción exacta del concepto enunciado, más de una vez se ha pretendido, sin embargo equivocadamente, convertir al Judicial en un poder despótico, atribuyéndole en cualquier caso y en cualquier sentido facultades para juzgar y anular las resoluciones y actos de los poderes legislativo o ejecutivo» (Arturo Bas, El derecho federal argentino, Abeledo, Buenos Aires, 1927, t. I, pág. 340)… tal ha sido la interpretación acordada al punto por este Tribunal a través de una invariable jurisprudencia, según la cual «si para determinar la jurisdicción de la Corte y de los demás tribunales de la Nación no existiese la limitación derivada de la necesidad de un juicio, de una contienda entre partes, entendida ésta como ‘un pleito o demanda en derecho instituida con arreglo a un curso regular de procedimiento’, según el concepto de Marshall, la Suprema Corte dispondría de una autoridad sin contralor sobre el gobierno de la República, y podría llegar el caso de que los demás poderes del Estado le quedaran supeditados con mengua de la letra y del espíritu de la Carta Fundamental» (Fallos: 156:318; 227:688; 245:552, entre muchos otros)…”

[vii] CSJN Fallos 346:970, “Universidad de la Matanza”, considerando 13, 6/9/2023.

[viii] CSJN Fallos 346:1257, “Asociación Comunitaria La Matanza”, 2/11/2023.

[ix] CSJN Fallos 322:528, «Gómez Diez, Ricardo y otros c/ P.E.N. – Congreso de la Nación s/ proceso de conocimiento», 31/3/1999, considerando 9°.

[x] Ley de Organización de la Justicia Nacional. Como se verá, sigue vigente a más de 160 años de su sanción.

[xi] La exigencia del caso judicial es incluso preconstitucional. Así lo indica la Corte en el fallo Baeza: (306:1125; 28/8/1984), donde se cuestionaba la constitucionalidad del decreto que convocaba a la consulta popular sobre los arreglos del límite con Chile: “Conviene subrayar que este principio fue sustentado como presupuesto básico del control constitucional por el Congreso de la Confederación cuando sancionó la primera ley de organización judicial nacional (ley 182 del Congreso de la Confederación), cuyas disposiciones vinculadas a este punto fueron recogidas por la ley 27 y siguen vigentes (Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Actas de las Sesiones del Paraná correspondientes al año de 1857, BUenos Aires, Imprenta de La Nación, año 1884, p. 220 y sgts, en especial 221 y 226).”

[xii] Explica la Corte que “causa” y “caso” son sinónimos: “Que dicha necesidad surge de los arts. 116 y 117 (100 y 101 antes de la reforma de 1994) de la Constitución Nacional, los cuales, siguiendo lo dispuesto en la sección II del art. III de la ley fundamental norteamericana, encomiendan a los tribunales de la república el conocimiento y decisión de todas las «causas», «casos» o «asuntos» que versen -entre otras cuestiones- sobre puntos regidos por la Constitución; expresiones estas últimas que, al emplearse de modo indistinto, han de considerarse sinónimas, pues, como afirma Montes de Oca con cita de Story, en definitiva, aluden a «un proceso (…) instruido conforme a la marcha ordinaria de los procedimientos judiciales» (Lecciones de Derecho Constitucional, Menéndez, Buenos Aires, 1927, t. II, pág. 422). De ahí que, en análoga línea de razonamiento, al reglamentar al citado art. 100 (hoy 116), el art. 2° de la ley 27 expresa que la justicia nacional «nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte» (subrayado añadido).” CSJN Fallos 322:528, «Gómez Diez, Ricardo y otros c/ P.E.N. – Congreso de la Nación s/ proceso de conocimiento». 31/3/1999.

[xiii] Fallo de Primera Instancia del caso “CGT”. Juzgado Nacional del Trabajo de feria, 24/1/2024.

[xiv] CSJN T 1: 27, “Vecinos de la Ciudad del Rosario de Santa Fe” del 26 de octubre de 1863. Ello indica la antigüedad del criterio. A mayor abundamiento, véase que la Corte Suprema dictó su reglamento de funcionamiento el 11 de octubre de 1863, su primera sentencia en el caso “Otero” el 15 de octubre de 1863 y este pronunciamiento 15 días más tarde, lo que demuestra que la cuestión del caso judicial es verdaderamente temprana. Dice el fallo: “que á la Suprema Corte no corresponde hacer declaraciones generales en ningún caso”.

[xv] CSJN Fallos 156:318, “Procurador Fiscal del Juzgado Federal de Salta”,10 de febrero de 1930: “No corresponde al Poder Judicial de la Nación hacer declaraciones generales o en abstracto sobre la constitucionalidad de las leyes que dice el Honorable Congreso o de los decretos del Poder Ejecutivo, sino únicamente con relación a la aplicación de éstas al hecho o caso contencioso producido (art. 2° de la ley 27). En consecuencia, no habiendo sido presentada a la Corte Suprema en forma de contienda o caso judicial, la declaración de inconstitucionalidad solicitada por el señor Fiscal… el tribunal carece de jurisdicción para pronunciarse al respecto.”

[xvi] Es la expresión histórica que rige la temática. CSJN Fallos 256:104 “Banco Hipotecario Nacional v Provincia de Córdoba” 26/6/1963. “la necesidad de que las causas en que se plantean cuestones constitucionales persigan la determinación de derechos debatidos entre partes adversarias y deban conducir a la condena o absolución de alguna de ellas… es exigencia necesaria del principio de la coordinación y separación de los poderes, que impone al poder judicial la permanencia en el ámbito jurisdiccional y le impide la invalidación genérica de las leyes objetadas ante sus estrados.”

[xvii] CSJN Fallos 2:254, “Pérez José Roque en representación de la Provincia de Mendoza”, 14 de noviembre de 1865 (del dictamen del Procurador General).

[xviii] CSJN Fallos: 3:139, “Aráoz, Miguel Francisco c/ Compañía Jujeña del Querosene”, año 1866.

[xix] CSJN Fallos 5:316, “Vedia, Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional”, 23/5/1868.

[xx] CSJN Fallos 30:281, “Moores, Guillermo H. y otros”, 05/08/1886.

[xxi] CSJN T 35:144, “Consulta del Gobernador de Córdoba” del 23/1/1889, la cita está tomada del extracto.

[xxii] CSJN 115:163, “Mario Bravo, sobre inconstitucionalidad de la ley de detención social número 7029” del 28 de diciembre de 1911. Como curiosidad histórica, se hace referencia en los considerandos a las palabras exactas del político socialista en su memorial: “Yo no apelo de nada. El jefe de policía, haga bien o mal, ha procedido dentro de la ley y no me quejo de la resolución del jefe de policía”… a lo que la Corte agrega: “insistiendo que su demanda de inconstitucionalidad era clarísima”.

[xxiii] CSJN Fallos 311:2580, “Zaratiegui”, 6/12/1988. Contiene un voto de sumo interés del Dr. Fayt sobre la democracia moderna y sus modos de participación, criterio que comienza en el caso “Baeza” (306:1125) y es finalmente es receptado parcialmente en Colegio de Abogados de Tucumán, aunque luego limitado en posteriores pronunciamientos, que retornan a la concepción original.

[xxiv] A excepción del caso “Colegio de Abogados de Tucumán c/ Honorable Convención Constituyente de Tucumán y otro” CSJN Fallos 338:249, 14/4/2015. Las cuestiones fácticas involucradas y el análisis de los votos requiere al menos un trabajo por separado solo para este fallo.  

[xxv] CSJN 346:1257, “Asociación Comunitaria La Matanza”, 2/11/2023.

[xxvi] CSJN Fallos 346:970 “Universidad Nacional de La Matanza” 6/9/2023, ya citado. Esta frase es una construcción tradicional en esta materia del “caso judicial”, que la Corte reitera desde antiguo.

[xxvii] La cuestión de la legitimación procesal y su interacción con el caso judicial es de suma dificultad. Transcribimos las palabras del Dr. Calvinho a propósito del DNU 70/23, por ser esclarecedoras: “el caso es presupuesto de la jurisdicción y es lo primero a analizar. Luego, si el sujeto pretendido de la relación procesal no integra la relación material, requiere estar legitimado por la ley. Si no lo está, no hay parte procesal. Ni proceso.” Ver en X: Gustavo Calvinho en X: «La judicialización del DNU 70/2023 en Argentina trajo resoluciones, opiniones y comentarios que hacen referencia a uno de los conceptos más confusos, complejos y peor explicados del derecho: la LEGITIMACIÓN PROCESAL. Los invito a examinar y reflexionar al respecto en este hilo.» / X (twitter.com). Replicamos también el pensamiento del Prof. Gozaini: “La posibilidad jurídica de reclamar la protección jurisdiccional exige una determinada “cualidad” en quien la pide. Esta atribución le permitirá no solo poner en marcha el aparato jurisdiccional sino también lo que es de suma importancia al respecto, convertirse en parte. En tanto, la “calidad” de la pretensión referirá la situación que se quiere conseguir; el bien de la vida a proteger; es el interés específico del proceso. Claro que este interés no es un interés cualquiera. Se relaciona con una situación jurídica a la que se considera con derecho; pero también es cierto que, entre ambos -interés y derecho- no hay más vínculo que éste: puede haber interés sin derecho y, viceversa, derecho sin interés. La relación entre “cualidad” de parte y “calidad” del derecho o interés es lo que provoca las confusiones, dado que en general, se pretende emparentar ambas situaciones, lo que constituye un proceder equivocado. Para convertirse en parte resulta necesario acreditar legitimación suficiente; a la vez que para contar con legitimación será necesaria la “capacidad” procesal para estar en juicio. En cambio la “calidad” de la pretensión hace a la situación jurídica que ostenta subjetivamente el individuo que reclama. Tendrá entonces, derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple o un interés difuso en la consagración del objeto procesal material”

[xxviii] Entre otros, ver CSJN “ABARCA”, Fallos: 339:1223, 6/9/2016: “Dilucidar la cuestión relativa a la legitimación procesal de los actores constituye un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que deba ser resuelto por la Corte.

[xxix] El término “colisiones efectivas de derechos” también es de antigua data (Fallos: 2:253; 24:248; 94:51, 444; 130:157; 243:177; 256:103; 263: 397 y muchos otros).

[xxx] Al igual que sucede con el “caso judicial”, las definiciones sobre legitimación que adopta nuestra Corte Suprema provienen de la jurisprudencia norteamericana y el Alto Tribunal lo ha reconocido en forma expresa en muchas de sus sentencias: “Por tal motivo se ha dicho en Fallos: 256:104, considerando 2°, que resulta condición para el examen judicial de la constitucionalidad de las leyes u otros actos de la autoridad que él ocurra como aspecto de un litigio común y como medida tendiente a superar el obstáculo que deriva de áquellos para el reconocimiento del derecho invocado por la parte que los impugna… Igualmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha insistido en la necesidad de que el interés invocado tenga suficiente inmediatez y realidad también en los supuestos de acciones de mera certeza (312 US 270, año 1941, pág. 273). CSJN, Fallos 306:1125, “Baeza”, 28/8/1984.

[xxxi] CSJN Fallos 317:335 “Polino” 7/4/1994: “La condición de ciudadano no es apta – en el orden federal – para autorizar la intervención de los jueces a fin de ejercer su jurisdicción.” (del extracto). Ver también Fallos: 327:2512  “Díaz”, 24/06/2004  (Del dictamen del Procurador:  “La sola condición de ciudadano que alega el actor sin otra afectación particular no resulta suficiente en principio -en el orden federal- para autorizar la intervención de los jueces a fin de ejercer su jurisdicción, pues dicho carácter es de una generalidad tal que impide tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que permita considerar al pleito como un «caso», «causa» o «controversia», en los términos de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y 2° de la ley 27, único supuesto en que la mentada función puede ser ejercida (v. doctrina de Fallos: 317:335; 321:1252 y 324:2381, entre otros) En tal sentido, es dable recordar que, como regla, un daño es abstracto cuando el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, y tampoco puede fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes (Fallos: 321:1352), como aquí ocurre”).

[xxxii] CSJN Fallos 317:335 “Polino” 7/4/1994.

[xxxiii] CSJN Fallos 321:1252 “PRODELCO c/ P.E.N.”, 7/5/1998. “la calidad de diputada nacional de una de las demandantes no incorpora elemento alguno que favorezca su posición o permita superar la falta de aptitud del planteo para ser considerado por los tribunales judiciales. En efecto, más allá de la imprecisión con que esa calidad ha sido invocada en el sub lite, tratándose de una acción de inconstitucionalidad intentada por un miembro del Congreso Nacional, que no invoca la lesión de ningún interés particular concreto, el alto cargo que desempeña carece de incidencia en el juzgamiento de la viabilidad de las preten-//-siones deducidas. El presunto interés institucional que subyace en la invocación de su condición de legisladora -que no ha sido investida con la representación de su cámara- no fue traducido, en el caso, en la afectación de un derecho diferenciable.”

[xxxiv] Polino, ya citado. “Por sus modalidades y consecuencias, el sistema de control constitucional en la esfera federal excluye, pues, el control genérico o abstracto, o la acción popular.”

[xxxv] CSJN Fallos 321:1352, “Consumidores Libres” 7/5/1998: “Ha de recordarse igualmente que, como regla, un daño es abstracto cuando el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, y tampoco puede fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes (doctrina del mismo tribunal, en 418 U.S. 208)” La dificultad que genera la cuestión sobre lo que constituye un “interés genérico” y un “perjuicio inminente” puede verse en el voto disidente de la minoría, Dres. Petracci, Fayt y Bossert.

[xxxvi] Sobre la ampliación de la legitimación dispuesta en el art. 43 CN y su extensión a la acción declarativa de inconstitucionalidad, ver CSJN 22/4/1997, “Asociación de Grandes Usuarios”. Dice allí el dictamen del Procurador: “… este Ministerio Público ha sostenido que la Constitución Nacional, en virtud de la reforma introducida en 1994, contempla nuevos mecanismos tendientes a proteger a usuarios y consumidores y, para ello, amplió el espectro de los sujetos legitimados para accionar, que tradicionalmente se limitó a aquéllos que fueran titulares de un derecho subjetivo individual… si bien la previsión del art. 43 de la Constitución Nacional parece limitar la ampliación de la legitimación para la defensa judicial de los usuarios a la acción de amparo y en el sub lite no se trata estrictamente de ese remedio, no por ello puede quedar fuera de análisis que la acción contemplada por el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial guarda cierta analogía con aquélla en cuanto está destinada a hacer cesar un estado de incertidumbre sobre una falta de certeza que «pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente». Vale decir, que se trata, en ambos casos, de acciones de procedimiento abreviado tendientes a evitar que se consume la violación de derechos y garantías constitucionales.”

[xxxvii] CSJN Fallos 321:1352, “Consumidores Libres” 7/5/1998.

[xxxviii] CSJN Fallos 332:111, 24/2/2009, “Halabi”.

[xxxix] Idem nota anterior.

[xl] Véase al respecto el inicio de la sentencia de Primera Instancia en el caso “CGT”: “El debate que hasta aquí se ha dado en esta causa debería transcurrir en el terreno de la discusión política y de la actividad legislativa. No debería estar tramitándose esta cuestión ante los tribunales, al menos todavía; justamente por ello no deja de sorprender que convivan en nuestra realidad pública la persistente impotencia política para resolver cuestiones que terminan en consecuencia en el ámbito de los tribunales, y la crítica habitual a los jueces desde la política (sin ver que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis) por adoptar decisiones que parecen avanzar sobre competencias de otros poderes. Es posible, claro está, que tal paradoja sea el resultado de la propia dinámica del Poder Judicial, que es finalmente la ventanilla pública en la que cualquier persona (humana o no humana) puede presentarse a reclamar ‘lo que vale, lo que puede y lo que se le debe’ y en la que debe al menos admitirse su petición inicial para darle un trámite formal y una decisión final, aunque sea desestimatoria.”

[xli] CSJN, Consumidores Libres, ya citado.

[xlii] Idem anterior.

[xliii] CSJN Fallos 345:191, “CASARETTO”, 18/4/2022.

[xliv] CSJN Fallos 337:1024, “Municipalidad de Berazategui”, 23/9/2024.

[xlv] CSJN Fallos 332:111 Halabi, considerando 20.

[xlvi] Por ser ilustrativo, replicamos el objeto social de la Asociación Observatorio: “Son sus propósitos, sin fines de lucro: a) Estudiar, difundir, reflexionar sobre los conceptos, los planteamientos, la historia, los pensadores y las propuestas concretas del paradigma del Derecho a la Ciudad y del Buen Vivir en la Ciudad, e impulsar su adopción en las políticas públicas y conductas sociales. b) Promover la justicia social y espacial, la defensa de los grupos vulnerados, la protección y respeto al ambiente, la igualdad y no discriminación, la no dominación de unos sobre otros, el respeto por la diversidad, la participación, la no violencia, la sustentabilidad y la defensa y protección de los derechos humanos, así como todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en los Instrumentos Internacionales, en las constituciones locales y en las leyes y normas inferiores. c) Promover la participación y empoderamiento de las personas en la vida política, económica, social y cultural de las ciudades, propendiendo a que la comunidad ejerza su derecho a saber y el derecho a decidir. d) Trabajar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, fomentando el control y transparencia de los actos de gobierno; llevar a cabo investigaciones y desarrollar herramientas de control de los indicadores socioeconómicos utilizados para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones locales e internacionales asumidas por el Estado Argentino. e) Velar por el cumplimiento de los derechos de usuarios y consumidores en el consumo de bienes y el uso de servicios públicos y privados. f) Realizar un seguimiento continuo de las políticas urbanas, analizarlas y proponer modificaciones o adecuaciones de las existentes, e impulsar nuevas políticas bajo el paradigma del Derecho a la Ciudad, especialmente aquellas destinadas a eliminar la segregación socio-espacial y la pobreza estructural. g) Defender e impulsar las cuestiones relacionadas al presente objeto social ante cualquier organismo y poder del Estado. h) Fomentar la participación de personas que se propongan la misión de revertir las tendencias del deterioro del ambiente y promover una sociedad más igualitaria, sostenible y justa, a fin de no comprometer el desarrollo de las futuras generaciones. i) Propender a que la comunidad en general cuente con pleno acceso a la información. h) Profundizar la democratización de la Ciudad, de sus medios de producción y reproducción; de la

[xlvii] Sobre el particular, en la sentencia de Primera Instancia se criticó la pretensión de la actora de “intentar representar a TODOS los HABITANTES de la nación; máxime si se tiene en especial consideración que del propio estatuto fundacional se hace referencia a cuestiones que sólo involucrarían a los habitantes de esta ciudad de Buenos Aires”.

[xlviii] “Sobre gustos no hay disputa” dice Serrat. A nuestro criterio, el mejor documento jurídico de este juicio es la contestación del traslado del amparo por parte del Estado Nacional. Vale la pena su lectura, ya que, sin perjuicio de la extensión del escrito, cuestiona en forma fundada los presupuestos de la acción que invoca su contraria.

[xlix] Podrían, hipotéticamente, encontrarse comprometidos bienes colectivos en materias de incumbencia de la CGT, que dieran lugar a la legitimación de segundo orden, o legitimación colectiva sobre bienes de carácter colectivo.

[l] CSJN Fallos 326:2150, “SADOP”, 4/7/2003. Del dictamen del Procurador.

[li] Considerando 3°.

[lii] CSJN Fallos 308:2268, Sejean Juan Bautista.

[liii] CSJN Fallos 333:633, “Consumidores Argentinos”, 19/05/2010.

 

[lv] Véase la preocupación de la Corte por la garantía constitucional de defensa en juicio de estos terceros en el fallo HALABI: “Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y 315:1492). La eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también protege como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del derecho de trabajar, y la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado. Por otro lado, también debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado (doctrina de Fallos: 211:1056 y 215:357)… ante la ya advertida ausencia de pautas adjetivas mínimas que regulen la materia, se torna indispensable formular algunas precisiones, con el objeto de que ante la utilización que en lo sucesivo se haga de la figura de la «acción colectiva» que se ha delineado en el presente fallo se resguarde el derecho de la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar. Es por ello que esta Corte entiende que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte. Es menester, por lo demás, que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos…”

[lvi] Sadop, ya citado.

[lvii]Fallos 346:1257, 2/11/2023.

[lviii] Sentencia de Primera Instancia en el juicio CGT, del 24/1/2024, Dra. Rodríguez Fernández.

[lix] Cita la sentencia el voto del Dr. Guibourg en el caso CGT c/ EN del 24/1/1997.

[lx] El Congreso comienza a analizar hoy la validez del mega DNU y nuevamente los bloques dialoguistas tendrán un rol clave – Infobae

DOCTRINA LABORAL

Me gradué en la UBA (plan viejo), después siguieron una maestría y una especialización. La profesión me regaló muchas satisfacciones, aunque también algún disgusto. Pero el derecho, amigo fiel, siempre toca a la puerta.

Hoy me acompañan en este blog colegas de larga trayectoria. A todos nos une una necesidad intelectual: la de pensar. Por eso escribimos, para pensar. Y para que vos, querido lector, te sumes a este difícil ejercicio junto a nosotros.

Te invitamos a criticarnos, a disentir, a formular tus propias opiniones, a ser original. A que superemos nuestras limitaciones. A contribuir con la noble profesión de abogado y llevarla con orgullo. Para dejar algo mejor a quienes vengan detrás.

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