DOCTRINA LABORAL

Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

PRORRATEO DE HONORARIOS:REFLEXIONES IMPERTINENTES.

1.- Introducción:

Un aspecto tabú de la jurisprudencia argentina es el problema de la falta de acatamiento, por parte de los tribunales inferiores, de posiciones doctrinarias que nuestro Máximo Tribunal refuerza una y otra vez en sus sentencias.

No se intenta en el presente menoscabar valiosas opiniones individuales que pudieran tener los magistrados ni ingresar en la cuestión del acierto o desacierto de alguna u otra sentencia, pues la divergencia es lógica ante la multiplicidad de órganos de justicia.

Pero sí debe señalarse que, en un país abrumado por la situación económica, que enfrenta una crisis sin precedentes y con un poder judicial en las escalas más bajas de la consideración social, la maximización de posiciones personales, seguidas de decisiones contrarias a las pautas de la Corte Suprema, lo único que aporta es inseguridad jurídica y dilación en las aspiraciones de celeridad de quienes reclaman la resolución de sus controversias.

 Podrían brindarse varios ejemplos de estas actitudes “rebeldes”[i]. Por razones de brevedad, este artículo se centrará en el prorrateo de los honorarios profesionales, con riesgo al enojo y rechazo de los propios colegas destinatarios de este blog.

Como plataforma normativa es de señalar que la cuestión fue introducida en el año 1994, a través de la ley 24.432, en lo que constituyó un intento del entonces Poder Ejecutivo Nacional de poner un límite a los costos judiciales[ii].

 

 

 

          Así nacen las modificaciones a los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y al entonces art. 505 del Código Civil Velezano -hoy sustituido por el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación- con la incorporación de un texto idéntico para ambas ramas del derecho, que, en lo sustancial, dice:

 

…La responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederán del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

Los abogados, por razones obvias de impacto en nuestra economía personal, hemos resistido e impugnado su texto por inconstitucional, ante la evidente disminución que ello implica en los honorarios profesionales y la imposibilidad de recupero de ningún otro sujeto que sea el propio perdidoso en costas.

 

 

          No obstante, la cuestión quedó definitivamente resuelta luego de los fallos de la Corte Suprema de Justicia[iii] a partir de los casos “Abdurramán” 332:921, “Brambilla” 332:1118 y “Villalba” 332:1276. Tratándose el primero y el último de regulaciones en procesos de índole laboral (accidente ley 9688), mientras que, en el segundo, de un cuestionamiento de la Caja Forense de la Provincia de Santa Fe.

          Para mayor ratificación, con la vigencia del actual Código Civil y Comercial de la Nación y la reproducción del antiguo art. 505 del código velezano en el actual art. 730, el Alto Tribunal reiteró su posición por sentencia del día 11/7/2019 en el fallo “Latino c/ Sancor” (Fallos 342:1193).

          Esta pauta, cuyos argumentos en realidad traducen una decisión de confirmar el criterio del 25% como tope para las costas de primera instancia, se mantiene inalterada hasta el presente, puesto que la Corte Suprema ha replicado una y otra vez los fundamentos del caso “Latino c/ Sancor” en los años subsiguientes, con pronunciamientos incluso en el corriente 2024, el último de ello un mes atrás (CSJN 4/6/2024, “Terán c/ Nespolo”).

          Los argumentos del Máximo Tribunal que, analizados, son a todas luces son insuficientes para explicar quién se haría cargo de la diferencia entre la regulación y el prorrateo -imposible de percibir del propio cliente que en general, firmó acuerdo de honorarios o pacto de cuota litis-, en realidad, importan poco. Se trata de una posición de política legislativa y judicial en materia de disminución de la litigiosidad que puede o no resultar del agrado de los operadores, puesto que alguien debe pagar el costo. Otros países -aquí sería imposible- cuentan con medidas tan extremas como “listas de querulantes” o demandantes seriales, que, para volver a accionar deben contar con aprobación judicial previa.[iv]

          En cuanto al fallo “Latino”, remitimos a los lectores al dictamen de la Procuración, en vista de que, en su texto, surge, entre los argumentos de inconstitucionalidad de la norma que fueron a la postre rechazados[v], el de la lesión constitucional por confiscación (art. 17 CN), ya que según los antecedentes, en dicho caso, el prorrateo habría importado una detracción en los honorarios superior al límite tradicional de la Corte en la incidencia del derecho de propiedad, que en materia de trabajo[vi], se ha establecido en el 33% [vii]

          Véase entonces de los textos de los fallos, que, para el Alto Tribunal, el tope de las costas de Primera Instancia en favor del perdidoso a un máximo del 25% es absolutamente constitucional, sin ningún lugar a dudas.

 

 

          2.- Criterio actual en la Cámara Civil:

          La Justicia Nacional en lo Civil es un ámbito de particular virulencia en materia de prorrateo, observándose incluso que algunos magistrados de Primera Instancia declaran de oficio la inconstitucionalidad de la limitación establecida por el art. 730 CCC.

En algunos casos, incluso, los jueces civiles descartan de plano las impugnaciones de los condenados en costas, si éstos no depositan, junto con su impugnación, los importes que estiman adeudar[viii]. La situación descripta genera profusos recursos de queja ante el Superior, es decir, la Cámara Nacional en lo Civil, con decisiones revocatorias.

          En cuanto a las diferentes posiciones jurídicas que se observan entre las diversas Salas[ix], en forma resumida -y desde ya, alertando sobre las variaciones de criterios que pudieran presentarse ante la vacancia de muchas vocalías e integraciones momentáneas-, pueden ser clasificadas en tres grupos.[x]

El primero, que podríamos denominar “tradicional”, abarca aquellos Tribunales que, en consonancia con la posición de la Corte Suprema, sostienen y afirman la constitucionalidad del límite de honorarios establecido en el art. 730 CCC.

En ese orden se inscriben: la Sala A[xi], Sala E[xii], Sala G[xiii], Sala I[xiv] y Sala M[xv] [xvi].

Veamos a modo de ejemplo, los siguientes fundamentos:

“Es criterio de esta alzada que la limitación que establece la citada norma, en concordancia con aquélla que preveía el artículo 505 del Código Civil, no lesiona los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, por cuanto es consecuencia del razonable ejercicio de las facultades que asisten al Poder Legislativo para disminuir los costos de los procesos judiciales (conf. CNCiv., esta Sala, 23/12/2013, “S., J. R. c/ M. de R., N. I. s/ daños y perjuicios”, R. 086283/2006/CA002; id., ídem., 04/05/2018, “V., G. E. c/ L. I. S.A. s/ daños y perjuicios”, R. 82573 /2008/CA001; id., ídem., 09/04/2019, “S., A. A. c/ G., M. S. s/ daños y perjuicios”, R. 84041/2013/CA004). En los precedentes citados, se destacó que nuestro Máximo Tribunal se había ya expedido en un caso análogo, al abordar el tratamiento de la cuestión relativa al tope del 25% y consiguiente prorrateo estipulado con relación a las costas de los procesos laborales, pronunciándose acerca de la constitucionalidad de normas de este tipo, en el entendimiento que no evidenciaban una finalidad persecutoria o discriminatoria, sino que por el contrario, otorgaban idéntico tratamiento a todos los profesionales que asistían a la parte no condenada en costas, insertándose así en el marco de un régimen legal especial -en principioválido, siempre que el criterio de distinción adoptado no fuera arbitrario, es decir, en tanto obedeciera a los fines propios de la competencia del Congreso de la Nación y la potestad legislativa fuera ejercida de modo conducente al objeto perseguido, sin adolecer de inequidad manifiesta”.[xvii]

 

En segundo lugar, en el sentido opuesto, es de mencionar aquellas Salas que lisa y llanamente declaran la inconstitucionalidad del art. 730 CCCN.

En este grupo se cuenta la Sala C[xviii], Sala D[xix] y Sala K[xx].

Reproducir la totalidad de los argumentos para la declaración de invalidez de la norma sería fatigoso para el lector. Pero hemos seleccionado como ejemplo el siguiente fallo de la sala K (ver nota xx):

“… por medio del artículo 730 citado, las partes condenadas en costas se encontrarían exentas de abonar lo que exceda del 25% del monto de la sentencia y, como lógica consecuencia, se beneficiaría al deudor y consecuentemente, la representación letrada vencedora podría ver mermado sus ingresos en virtud de la limitación allí establecida. Ello, a mi entender, resulta violatorio del derecho de propiedad y el carácter alimentario que dichas regulaciones poseen. Lo expuesto comporta lisa y llanamente -según mi entender- una disminución de la retribución profesional derivada de los aranceles vigentes en cada jurisdicción, invadiendo potestades propias de las diversas provincias que se reservaron atribuciones exclusivas para la reglamentación en su territorio del ejercicio de distintas profesiones (artículo 121 Constitución Nacional), lo que pone en evidencia su manifiesta inconstitucionalidad en tanto conculca lo preceptuado por los artículos 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional. En esa tesitura, es dable destacar que no se desconoce que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como “ultima ratio” del orden jurídico (conf. CSJN, Fallos: 315:923). Así como tampoco que se trata de una atribución que sólo debe utilizarse cuando la contradicción con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable; y en tanto no exista otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional. No obstante, como lo sostiene Ure, “hacer soportar el abono de ese segmento (referido al porcentaje del 25%) a la parte que tenía razón, defendió su derecho y debido a la actitud de su contraria se vio impulsada a promoverle un juicio que ganó con costas, resulta manifiestamente repugnante al más elemental concepto de lo que es justo, más todavía si se piensa que correlativamente a esa carga extra que se vería compulsado a asumir el triunfador se apoyaría en la liberación graciosa del deudor incumplidor” (Ure, Carlos Ernesto, “La Corte y el tope del 25%…”, L.L. T. 2009-F, pág. 95). Como también explica el mismo autor, sostener que quienes trabajan con su intelecto -como sucede en el caso-, debieran dejar de percibir parcialmente sus honorarios, tarifados por la jurisdicción (artículo 10 de la citada ley de arancel), simplemente por inexistencia de deudor, vulneraría de manera grosera derechos constitucionales absolutamente básicos. Si esos honorarios fueron calibrados como consecuencia de parámetros legales objetivos (ley de arancel), cuáles podrían ser las razones para que una porción de ese salario no se abone y parte de la tarea se convierta en gratuita. No se soslaya la decisión del Máximo Tribunal que se ha pronunciado sobre la pauta de reducción del treinta por ciento (30%) del capital, se estima confiscatoria de arbitraria desproporcionalidad, de modo que las diferencias de este orden serían lo suficientemente significativas para considerarlas lesivas del derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Tampoco se pierde de vista lo decidido en el fallo de nuestro Máximo Tribunal en autos: “Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios”, del 11/07/2019 y “Fernández, Juan Andrés y otro c/ Vázquez, Maximiliano Gustavo y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)” del 11 de marzo de 2021. Sin embargo, el criterio expuesto no resulta descalificado. Los tres fallos a los que alude el procurador general en su dictamen, “Abdurraman (Fallos: 332 :921), “Brambilla” (Fallos: 332:1118) y “Villalba” (Fallos: 332:1276) fueron dictados con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, el cual expresamente consagra el derecho de la víctima a obtener una “reparación plena”. Aun cuando se alegare que el profesional que asistió a la parte actora pudiere perseguir de su cliente la diferencia no abonada por el condenado en costas y en la proporción establecida, se estaría contrariando el principio de reparación plena consagrado en el artículo 1740 del CCCN, que es un derecho de rango constitucional y convencional (cfr. arts. 1 y 2 del Anexo I de la Ley 26.994). A todo evento, a pesar de la autoridad de que están investidos y el respeto que merecen los precedentes del Superior, en cuanto tribunal supremo de la Nación toda, y las razones de economía procesal, certeza y seguridad jurídica que aconsejan tender a la uniformidad de la jurisprudencia, en la medida de lo prudente y dentro de la ineludible variedad de las circunstancias de tiempo y lugar, ha de reconocerse que aquellos carecen de fuerza general legalmente vinculante para los tribunales inferiores. Aún más, es precisamente en virtud de la superior autoridad de que la Corte está institucionalmente investida que le compete el deber de reconocer y hacer respetar el poder jurisdiccional que la misma Constitución Nacional ha otorgado a los tribunales inferiores, en tanto lo ejerzan razonablemente y dentro de la esfera de sus respectivas competencias, aunque sus decisiones en materias que les son propias no concuerden con precedentes del Máximo Tribunal (cfr. C.S.J.N., Fallos: 131:109; 263:255; 304 :1459; 315:1319).”

Por último, el tercer grupo, al que pertenecen las Salas B[xxi], F[xxii], H[xxiii], J[xxiv], L[xxv] y la Fiscalía de Cámara[xxvi], sostiene un punto de vista intermedio: si la aplicación del prorrateo previsto en el artículo 730 del CCyCN importa una detracción superior al 30% del capital de los honorarios a percibir por los profesionales, el mismo será inconstitucional.

Véase a modo de ejemplo, esa sentencia de la Sala H[xxvii]:

En definitiva, si la aplicación del prorrateo previsto en el artículo 730 del CCyCN. supera el 30% del capital de los honorarios a percibir por los profesionales incluidos, el procedimiento contrario a una norma de raigambre constitucional, por lo que corresponde su tacha de inconstitucionalidad en la medida que la afectación sobrepase ese límite. En este caso particular, aplicadas las operaciones aritméticas encaminadas al prorrateo previsto en el artículo 730 del CCyCN, conforme los emolumentos a percibir por los profesionales, se evidencia que cobrarían sólo aproximadamente el 29,5 % de los honorarios regulados y firmes que le corresponden a cada uno. Al respecto y tal como se adelantó, se ha señalado de manera invariable que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción de una porción sustancial de la renta o el capital (CSJN Fallos: Fallos: 332:1571; 242:73 y sus citas; 268 :56; 314:1293; 322 :3255, entre muchos otros). El citado criterio resulta entonces aplicable en el caso en examen, donde se advierte que los profesionales interesados dejarían de percibir de la parte condenada más del 70% de sus honorarios. Es así que, por las razones dadas, entienden los suscriptos que corresponde declarar en este caso concreto la inconstitucionalidad del art. 730 del CCyCN solo en la medida que su aplicación supere el 30% del capital a percibir en concepto de honorarios regulados y firmes, por lo cual los agravios serán parcialmente admitidos.”

3.- Qué sucede en la Cámara Nacional del Trabajo:

 

          En cuanto a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se pronuncian por la inconstitucionalidad del art. 277 LCT las Salas II[xxviii] y III[xxix].

Por el contrario, la Sala I[xxx], IV[xxxi], V[xxxii], VI[xxxiii], VII[xxxiv], VIII[xxxv], IX[xxxvi] y X[xxxvii] se ajustan a la jurisprudencia clásica de la Corte, en algunos casos, dejando salvedad de la opinión contraria del respectivo magistrado.

Se reproduce un pensamiento en este orden:

“….más allá de toda discrepancia teórica que pudiere efectuarse respecto de la doctrina sentada por el Alto Tribunal, por razones de economía procesal, corresponde seguir esta interpretación, toda vez que el planteo de una posible disidencia a dicha tesis sólo motivaría un retardo en la configuración de un pronunciamiento definitivo. En concreto y por las razones antedichas, resulta prudencial aceptar el referido criterio jurisprudencial.”[xxxviii]

4.- Un juicio de repetición de honorarios decidido por la Corte:

          Ahora bien, sea o no conveniente esta desavenencia judicial de los tribunales inferiores con la jerarquía máxima, y más allá de nuestros propios intereses, es posible que la realidad nos coloque en la disyuntiva de tener que decidir, ante un recurso extraordinario o incluso, una queja, entre discutir y percibir nuestros honorarios completos, sin prorrateo, o aceptar la situación.[xxxix]

Por esta razón, y sin perjuicio de tantos supuestos en que “no pasa nada”, es bueno traer un precedente sobre repetición de honorarios de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación -aclaramos que no se refiere al prorrateo sino a una revocación de sentencia ante la Corte-, en los autos: “Entidad Binacional Yacyretá c/ Panza, Rodolfo Aníbal y otro s/ demanda ordinaria de repetición” (12/2/2019, Fallos 342:43), donde dijo:

“…en supuestos como el de autos el pago tiene una causa fin aparente (animus solvendi viciado), puesto que en su fuente se presenta una obligación que fue causa eficiente del pago en el momento en que se hizo, pero que devino ineficaz en sentido amplio (invalida o frustrada) y esa ineficacia deriva de un defecto de la causa fin que aniquila la causa fuente.. Que el inciso a del art. 1796 del Código Civil y Comercial de la Nación contempla expresamente el supuesto configurado en autos al establecer que el pago es repetible si «la causa de deber no existe, o no subsiste, porque no hay obligación válida; esa causa deja de existir; o es realizado en consideración a una causa futura, que no se va a producir… Que como lo señala el voto minoritario de la alzada, en el caso primigeniamente hubo una razón suficiente para el pago, dada por las sentencias coincidentes, que después dejó de ser tal. Se esfumó esa razón con el pronunciamiento de esta Corte que rechazó la demanda laboral y modificó la imposición de costas, convirtiendo al pago en «sin causa». Así nació el derecho de la entidad aquí demandante a repetir de los letrados que habían cobrado sus honorarios bajo reserva del solvens, sin que norma alguna obligue a la reclamante a intentar un reintegro contra los actores en el juicio laboral.”

          5.- Un futuro incierto y un deber urgente:

 

 

          La falta de uniformidad de la jurisprudencia impuesta desde el vértice, en esta materia y en tantas otras, es dañosa para el sistema jurídico en general.

Podrá alegarse que el apartamiento del criterio del Alto Tribunal es un imperativo ante realidades particulares notoriamente injustas, pues todos sabemos que la inflación hizo y hace estragos, particularmente sobre los honorarios.

Pero, la realidad es que el mensaje de la Corte, que sigue ratificando en forma categórica la constitucionalidad de los art. 730 CCC y del art. 277 LCT sin ninguna distinción de argumentos ni consideración a diferentes contextos fácticos, es muy claro[xl]. Así viene ocurriendo desde el dictado de la propia ley 24.432, con ratificación en el fallo “LATINO”, y, por última vez, hace poco menos de un mes.

          En el caso del prorrateo (entre otros) es posible observar que la diversidad de las sentencias se traduce, en definitiva, en una notoria inequidad frente al justiciable, ya que, ante situaciones idénticas, es la mera suerte en un “sorteo” o radicación del proceso la que juega en contra o a favor del litigante. Y aspiramos a que el derecho no sea una cuestión de azar, sino una ciencia.

          No obstante que en el contexto del país aportar a la seguridad jurídica constituye un deber urgente de todos los involucrados, en vista del liso y llano rechazo de texto legal del art 730 CCC y del art. 277 LCT por algunos órganos de justicia, de momento la cuestión no presenta posibilidad de solución.

En efecto, nuevos pronunciamientos de la Corte -que ve minada su autoridad sin adoptar mayores acciones- o incluso, una ley confirmatoria, tampoco permitirían modificar esta situación de “rebeldía” judicial.

          Queda como último recurso el del fallo plenario -resistido en general por los tribunales-, a la espera de que logre comprenderse que la diferencia no suma al bienestar general, sino que, por el contrario, resta y retarda la efectiva realización del valor justicia.

[i] En el ámbito laboral, aun luego del fallo “POGONZA” se sigue desconociendo la constitucionalidad de los tribunales administrativos, en especial y en la actualidad, del Tribunal de Casas Particulares creado por la ley 26.488. Igual problemática se observa en torno al fallo “COMAS” en materia de capitalización de intereses.

[ii] La ley 24.432 se inscribe con claridad, en el pensamiento político liberal de la época, como por ejemplo el famoso “Decreto de Desregulación Económica” 2284/91 o la instauración de un sistema de riesgos del trabajo con cobertura por el mercado asegurador, de la ley 24.557.

[iii] La posición favorable a la limitación de las costas no era una idea exclusiva del entonces partido gobernante (Justicialista). Véase al respecto el voto del Dr. Nazareno en el primer caso en que la Corte Suprema trató la aplicación de la ley 24.432 (Juicio originario, “Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios”, 12/9/1996, Fallos: 319:1915), donde, con dudoso gusto para un pronunciamiento de este orden, se enfatiza en la adhesión del entonces Senador opositor Fernando De La Rúa al texto legal. ¿Será que querría trasladar o compartir con la oposición el costo político? (“…el examen de los antecedentes parlamentarios de la reforma introducida por la ley 24.432, son concordes con la conclusión alcanzada. En efecto, al remitir el proyecto de ley al Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo afirmó en el mensaje de elevación que «…se ha previsto la incorporación de modificaciones a la legislación de fondo para lo cual se ha tenido fundamentalmente en cuenta disposiciones contenidas en la legislación civil, en cuanto derecho común, de proyección y aplicación a las restantes ramas y especialidades jurídicas. Esto resulta de singular importancia en los supuestos referidos al campo de las obligaciones…». En igual sentido, en la exposición que precedió al dictamen de la mayoría en el Senado de la Nación, se puntualizó que «…se establece un tope…del monto del proceso en la responsabilidad por el pago de las costas…» (parágrafo 10), agregándose que la responsabilidad por este ítem sufría una «…limitación porcentual» (parágrafo 30) y que «…la normativa alcanza a las obligaciones contractuales, extracontractuales y legales» (parágrafo 31). Por último, es definitoria la intervención en el debate del senador De la Rúa, que en su exposición detalló con toda precisión la validez y necesidad de sancionar una norma «…de fondo y de carácter sustancial que limite en todo el país el monto de las costas con relación al monto del litigio…», pues se presentaban casos graves en que se estaba alterando «…la naturaleza sustancial de la obligación, desvirtuando su contenido…» (parágrafo 87). Ulteriormente, dicho legislador señaló que la modificación que se pretendía introducir incidía sobre «…la estructura del sistema de responsabilidad civil…», que el concepto de reparación integral «…tiene su propia plenitud, ceñida secuencias dañosas que están en cierta relación causal jurídicamente relevante…» y que «…incumbe al derecho establecer en qué alcances es captada para atribuir al deudor el deber de reparar…» (parágrafo 90). Con particular referencia a las costas, el senador De la Rúa sostuvo que «…cuando la cuestión da lugar a un proceso, al rubro capital de la cuenta indemnizatoria -fijado conforme ese criterio legal de imputación de consecuencias inmediatas y, en su caso, mediatas-, suele anexársele un monto de costas desproporcionado…» (parágrafo 90), por lo que estimaba prudente «…determinar que la incidencia de los honorarios en el monto indemnizatorio no podrá exceder de un determinado porcentaje…», lo cual tutelaría la seguridad jurídica puesto que «…el causante del daño podrá saber que, además de las consecuencias inmediatas, y en su caso mediatas, del incumplimiento obligacional o del hecho ilícito, su responsabilidad por las costas estará acotada a parámetros coherentes con su carácter accesorio…»

[iv] Así sucede en el Reino Unido, como medida de “sanidad” del sistema.

 

[v] El argumento del 33% de detracción en los honorarios figura mencionado en el dictamen de la Procuración del caso Latino, aunque no fue tratado ni allí ni en la sentencia. Pese a esta omisión, es importante señalar que el tema de la supuesta confiscación no constituyó obstáculo para que la Corte ratificara su posición.

[vi] Nos permitimos hacer el paralelo entre los honorarios profesionales y los salarios bajo el régimen de la ley 20.744, por tratarse de prestaciones personales que comparten, además, la condición alimentaria. Ver CSJN Vizzoti, Fallos 327:3677, 14/09/2004.

[vii] Ver en el dictamen: “… indicó que el profesional recurrente solo podría cobrar el 66,42% de las sumas que le corresponden por honorarios del condenado en costas, lo que deriva en una disminución que supera el 33%. Además, ponderó la significancia del monto para el caso de que la actora pague las sumas remanentes…”

 

[viii] Es curioso cómo se acercan por la vía pragmática algunos institutos del proceso civil y del trabajo. Los jueces civiles de primera instancia están adoptando la posición de sus pares laborales y al correr traslado de las liquidaciones incluyen en las resoluciones la obligación de depositar las sumas reconocidas, bajo apercibimiento de desechar sin tratamiento cualquier eventual impugnación.

 

[ix] Para ofrecer mayor actualidad, se han tomado en todos los casos los últimos fallos disponibles en sistema.

[x] La divergencia de criterios es tal, que, según queden integradas las Salas por magistrados subrogantes, las soluciones pueden modificarse. Ver en este sentido lo sucedido en el seno de la Sala G, que, con una conformación eventual, dio un giro absoluto y en un caso aislado declaró la inconstitucionalidad del art. 730 CCC (“MATRELLA, ANA KARINA Y OTRO c/ BUSTOS, LUIS ANDRES Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. N° 54776/2016, 27/3/2024).

[xi] Sala A: “LUCERO, ELBA LILIANA C/ METROVIAS S.A. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” EXPTE. N° 27.948/2009, 18/6/2024.

[xii] Sala E, Expte 88739/2011, 21/3/2024 “B.N. F. Y OTRO c/ OBRA SOCIAL JARDINEROS PARQUISTAS VIVERISTAS Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS – RESP.PROF.MEDICOS Y AUX”

[xiii] Sala G, “D’., M. H. c/ G., A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE) Expte. Nro. 54902/2019/CA2, 6/6/2024.

[xiv] Sala I Expte N° 98911/ 2013 NIZZA, ANAH GRACIELA c/ ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIALES Y OTROS s /DAÑOS Y PERJUICIOS – RESP.PROF.MEDICOS Y AUX., 19/6/2024.

[xv] Sala M 84220/2014 MULLER, CAMILA STEPHANIE c/ DE PETRIS, HORACIO NELSON s /DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE), 31/5/2024.

[xvi] Esta nota separada tiene la intención se señalar que la Sala M, además, ha respondido la cuestión de la confiscación de modo expreso. Ver en particular, , esta Sala ha rechazo el argumento de la confiscación mayor al 30 %. En los autos Expte N° 52444/2017 “DIAZ, JORGE JESUS ALEJANDRO c/ GUTIERREZ, ALEJANDRA ESTELA s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)” del 17/5/2024. Dice: “El artículo 730 limita la responsabilidad del condenado en costas en los juicios y no el monto de los honorarios profesionales. Tal limitación de responsabilidad, como las expresiones legislativas de topes indemnizatorios por razones de interés público, constituye un régimen especial en principio válido, siempre que el criterio de distinción adoptado no sea arbitrario, es decir, si obedece a fines propios de la competencia del Congreso y la potestad legislativa ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido y de manera que no adolezca de inequidad manifiesta, tal como sostuvo para estos casos la CSJN, incluso cuando el porcentual superase el 33% .”

[xvii] Sala G, cita xiii.

[xviii] Sala C, entre otros, Expte. N° 86926/2019 GARCIA, ESTRELLA ESPERANZA Y OTROS c/ CRUZ, ERIC EMILIANO s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, 30/5/2024).

[xix] Sala D, Expte N° 89239/2018 VIA BARILOCHE c/ CINCOVIAL SA s/DAÑOS Y PERJUICIOS, 7/5/2024.

[xx] Sala K “ZANCARINI, LUIS JAVIER BERNARDO c/ PALMIERI, SILVINA EDITH s ” /DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE) N° 20207 2021, 19/6/2024.

[xxi] Sala B 20/2/2024 Expte N° 59446/2003 MOREL FLORES FERNANDO ELEUTERIO c/ COLAPIETRO JULIO ALBERTO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE).

[xxii] Sala F 28/6/2024 73788/2018 LITARDO, CAROLINA NAHIR c/ URCOLA, JUAN MANUEL Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)

[xxiii] Sala H, Expte N° 24965/2017 FERNANDEZ, ROQUE BENJAMIN Y OTRO c/ LOPEZ, ISABEL SEGUNDA Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE), 1/7/2024.

[xxiv] Sala J Expte.N° 14803/2014 OCHOVA, ESTEBAN EDUARDO Y OTRO c/ QUINTERO, DAVID JUAN Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C /LES. O MUERTE) 28/6/2024.

[xxv] Sala J “A O Y OTRO C/ P P Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. 23.418/2014). 3/5/2024.

 

[xxvi] Ver, entre otros, el Dictamen N° 124.685 del 14/5/2024, en los autos: “CAMPANELLA, NICOLAS ALEJANDRO GABRIEL c/ D.U.V.I. S.A. (LINEA 86) Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)”

[xxvii] Ya cit.

[xxviii] CNAT Sala II, ver “SANTA CRUZ, ELDA JUANA c/ PROVINCIA ART SA s/ ACCIDENTE LEY ESPECIAL” Expte. N° 10235/2018, SI del 4/11/2022 y EXPEDIENTE NRO.: 32282/2020 AUTOS: “VILLALBA, FABRICIO MIGUEL ANGEL c/ EXPERTA ART S.A. s/ACCIDENTE – LEY ESPECIAL” 11/6/2024, entre otros.

[xxix] CNAT Sala III  CNT 12.231/2015/CA1 “MALDONADO JULIETA ELIZABETH c/PREVE PREVENCION ART SA s/ACCIDENTE – LEY ESPCIAL” –10/6/2024.

[xxx] CNAT Sala I Expte. Nº108522/2016/CA2 “DEL VALLE, OSCAR ANTONIO c/ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO s/ACCIDENTE – LEY ESPECIAL” 7/12/2023.

[xxxi] CNAT Sala IV Expte. N° 35112/2019/CA2 “GÓMEZ DÍAZ, PEDRO ALFONSO C/ LA VENTANA RESTAURANT SRL S/ DESPIDO”. 26/12/2023.

[xxxii] CNAT Sala V, Expte. Nº CNT 10706/2016/CA1 – “CASTELLION, JORGE PATRICIO C/ BICE FIDEICOMISOS S.A. (EX NACION FIDEICOMISOS S.A.) S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS”, 29/2/2024.

[xxxiii] CNAT Sala VI Expte.N° 46068/2012/1/RH1, “SPINA, MAXIMILIANO OMAR C/ INDUSTRIAS AUDIOVISUALES ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE – LEY ESPECIAL”, 12/2/2019.

[xxxiv] CNAT Sala VII Expte N°: 36145/2011 «ANACHE JORGE OSCAR c/ GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. s/ accidente – Ley especial”. 2/9/2021.

 

[xxxv] CNAT Sala VIII Expte. N° 9384/2018/CA2: «ZARZA, CRISTIAN ARIEL c/ PROVINCIA ART S.A. s/ ACCIDENTE – LEY ESPECIAL», 11/10/2023.

[xxxvi] CNAT Sala IX Expte 48294/2018/1/RH1 MOREL, GONZALO RAMON c/ GALENO ARGENTINA S.A. s/DESPIDO” 19/3/2024.

[xxxvii] CNAT Sala X, Expte. Nº: 16.118/2014/CA1 “AQUINO, SERGIO GABRIEL c/ OPERADORES MARITIMOS Y FLUVIALES S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE – ACCION CIVIL, 18/6/2024.

[xxxviii] Sala VI, ver nota xxxiii.

 

[xxxix] Ello sin dejar de señalar que, algunos Tribunales, luego de declarar la inconstitucionalidad del art. 730 CCCN, conceden luego al condenado en costas, el recurso extraordinario. De modo que ya sabemos qué sucederá ante la Corte, a la vez que se demorará ostensiblemente la percepción de los honorarios.

 

DOCTRINA LABORAL

Me gradué en la UBA (plan viejo), después siguieron una maestría y una especialización. La profesión me regaló muchas satisfacciones, aunque también algún disgusto. Pero el derecho, amigo fiel, siempre toca a la puerta.

Hoy me acompañan en este blog colegas de larga trayectoria. A todos nos une una necesidad intelectual: la de pensar. Por eso escribimos, para pensar. Y para que vos, querido lector, te sumes a este difícil ejercicio junto a nosotros.

Te invitamos a criticarnos, a disentir, a formular tus propias opiniones, a ser original. A que superemos nuestras limitaciones. A contribuir con la noble profesión de abogado y llevarla con orgullo. Para dejar algo mejor a quienes vengan detrás.

COMPARTIR

ARTICULOS RELACIONADOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *