DOCTRINA LABORAL

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TRIBUNAL DE CASAS PARTICULARES:¿ÓRGANO INCONSTITUCIONAL O MODELO A SEGUIR?

A mi querida amiga Margaret

 

 

1.- Introducción:

 

A partir de la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “POGONZA[i] (CSJN 02/09/2021) quedó resuelta, al menos de momento, la constitucionalidad de los tribunales administrativos[ii] en materia de riesgos del trabajo.

 

 

La convalidación de este sistema de jurisdicción administrativa previa es un antecedente de importancia, y sus efectos doctrinarios trascienden la cuestión estricta de las Comisiones Médicas y del infortunio laboral.

 

 

En efecto, “POGONZA” y sus principios estaban destinados a proyectarse y a ratificar el sistema para otras materias y controversias del mundo del trabajo que también prevén entes de similar tenor, como el Tribunal de Trabajo de Casas Particulares.

 

 

No obstante, un fallo reciente de la Cámara Nacional del Trabajo cuestiona la constitucionalidad de este órgano administrativo, introduciendo un nuevo capítulo en la materia.

 

 

La sentencia se dictó el 19/10/2023 en los autos “Ayala, Margarita Beatriz c/ Do Pico, Carola s/ despido” y corresponde a la Sala V de dicho fuero. Presenta un formato de voto por mayoría, la que se pronuncia por la inconstitucionalidad de los arts. 51 y 53 de la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo en Casas Particulares N° 26.488, mientras que la minoría se atiene a la óptica tradicional, y en consonancia con el criterio sentado por la Corte Suprema de la Nación en “POGONZA”, declara la incompetencia de la Justicia Laboral Nacional para la tramitación del expediente como instancia de origen.

 

 

 

Más allá de la mirada negativa de los operadores jurídicos en materia de tribunales administrativos[iii], los que conceptualmente son vistos con recelo y desconfianza, cabe preguntarse si a esta altura y luego de “POGONZA”, cuya autoridad doctrinaria proviene de nuestro Máximo Tribunal, el cuestionamiento que introduce esta Sala V de la Cámara del Trabajo resulta jurídicamente procedente, acorde a los principios de economía procesal y además, de actualidad jurídica.

 

 

 

2.- Constitucionalidad de los Tribunales Administrativos.

El Tribunal de Casas Particulares y el fallo “POGONZA”:

 

 

La comparación del texto del fallo “Ayala” de la Sala V -voto de la mayoría- con la doctrina del caso “POGONZA” demuestra el claro apartamiento de dicho precedente, así como el silencio en un punto clave, ello es, que la Corte Suprema, en distintas integraciones y a lo largo de su historia, ha aceptado como principio el de validez de los tribunales de origen administrativo.[iv] De este modo, el apego del inferior a la doctrina del Alto Tribunal hubiera abreviado la cuestión.[v]

 

 

Al margen de esta omisión, también el análisis del marco jurídico y fáctico que sustenta al propio Tribunal del Trabajo de Casas Particulares permite concluir que, además, desde el punto de vista normativo y por sus particularidades propias, el ente cumple holgadamente los requisitos de constitucionalidad de este tipo de jurisdicción enumerados en “POGONZA”.

 

 

Así, se encuentra presente el principio de legalidad, toda vez que ha sido creado por ley en sentido formal y “su competencia para dirimir controversias entre particulares también emana de una norma de ese rango.”[vi]

 

 

En cuanto a la exigencia de imparcialidad, nada permite deducir que el Tribunal de Trabajo para Casas Particulares carezca de esta condición. El presupuesto para su funcionamiento proviene de los recursos generales, sin incidencia de ninguno de los grupos de interés del sector, ya sea empleador o trabajador.

 

 

Su conformación, según el texto legal (art. 52 ley 26.844), es con personal especializado. Su Presidente es abogado, así como también la totalidad de los actuales audiencistas. Todos los funcionarios reciben periódicamente capacitación en la materia, en técnicas de conciliación e incluso, en experiencias normativas de derecho comparado.

 

 

 En cuanto al resguardo del debido proceso, se aplica a los trámites la normativa de la Ley de Ordenamiento Laboral, N° 18.635, requiriéndose el patrocinio jurídico de las partes con carácter obligatorio.[vii]

 

 

Finalmente, respecto del control judicial suficiente[viii], se encuentra expresamente prevista una instancia recursiva ante la Primera Instancia de la Justicia Nacional del Trabajo, e implícito el acceso a la Cámara de Apelaciones[ix], de acuerdo con dictamen de la Procuración General que dice: “… es dable destacar que la ley cuestionada [26.844] prevé la revisión amplia de la decisión que adopte el tribunal administrativo por ante el juez laboral de primera instancia quien, incluso, puede disponer de oficio medidas para mejor proveer antes de emitir su sentencia (artículos 56 y 57). Asimismo, las sentencias definitivas y toda otra resolución que ponga fin total o parcialmente al pleito o impliquen, por sus efectos o por haberse dictado sin posibilidad de controversia o prueba, una privación de la garantía de defensa en juicio, resultan apelables ante la Cámara Nacional del Trabajo, por aplicación supletoria de la Ley nº 18.345 de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo (conf. artículo 60, Ley nº 26.844, y articulo 105 y concordantes de Ley nº 18.345).”[x]

 

 

3.- Razonabilidad en la instauración del Tribunal:

Tradición jurídica, especialidad e inmediatez.

 

 

Dicho lo anterior, queda por analizar un aspecto que la Corte Suprema destaca en “POGONZA” como esencial para la validez de la jurisdicción administrativa: el control de razonabilidad en el obrar del legislador y la justificación de la creación de un tribunal diferenciado para determinadas materias, según los principios de la tradición, de la especialidad y de la inmediatez.

 

 

En cuanto a la tradición y en materia laboral, el fallo “POGONZA” se ocupa de enumerar diversos organismos jurisdiccionales que han formado parte de la historia del derecho del trabajo, con expresa mención de los antecedentes de regulaciones “en materia de accidentes laborales (ley nacional 9688 y ley 4548 de la Provincia de Buenos Aires), trabajo de mujeres y niños (ley 11.317), conflictos colectivos de trabajo (decreto ley 32.347/1944) y bancarios (ley 12.637) [que] establecían una primera instancia de decisión a cargo de órganos administrativos (considerandos 11 y 16).”

 

 

Agrega además: “En la actualidad existen diversas regulaciones que fijan una jurisdicción administrativa previa y obligatoria para la decisión de controversias entre particulares sobre otras materias, como sucede con las leyes 18.870 (derecho de la navegación), 24.065 (energía eléctrica), 24.076 (gas natural) y 27.442 (defensa de la competencia). Como se dijo, la existencia de instancias administrativas previas también forma parte de la tradición legislativa en materia de reparación de accidentes y enfermedades del trabajo. Desde sus orígenes el régimen especial vigente a nivel nacional previó la posibilidad de intervención de la autoridad administrativa, ya sea para la elaboración, en ciertos casos, de informes periciales por parte de médicos especializados, para recibir la denuncia del accidentado y gestionar la indemnización, o para intentar mediar en caso de desacuerdo entre las partes (conf. art. 27 y concordantes del decreto s/n del 14 de enero de 1916 reglamentario de la ley 9688, art. 15 de la ley 24.028, art. 36 de la ley 24.635, entre otros). En su versión original, la ley 24.557 también previó un sistema similar al que aquí se cuestiona.”

 

 

Esta instancia de resolución de conflictos con intervención de una justicia administrativa, tampoco es extraña al régimen de Casas Particulares, sino que tiene una larga tradición y un recorrido de casi 70 años de vida.

 

 

Así puede verse desde la implementación del sistema original, instaurado en 1956 por decreto ley N°326/56[xi] del que surge la formación de un régimen precario e incipiente de derechos mínimos para la actividad que entonces se denominaba de “Servicio Doméstico”. Junto a esa primera regulación de la actividad, nació también el -ahora derogado- “Consejo de Trabajo Doméstico”, que constituía el ente administrativo jurisdiccional encargado de resolver las controversias entre las partes.

 

 

Respecto de la constitucionalidad de este “Consejo de Trabajo Doméstico” y la asignación de los reclamos que previamente dirimían en sede de la Justicia Nacional del Trabajo, incluso con carácter previo al famoso fallo “FERNANDEZ ARIAS”[xii] de validación de la jurisdicción administrativa, la Corte Suprema en 1958 expresamente declaró: “En cuanto a las garantías constitucionales invocadas… la de los jueces naturales no resulta afectada, según lo ha resuelto reiteradamente esta Corte, ni en el caso en que se atribuya a autoridades administrativas, cuyas resoluciones son susceptibles de recurso, el conocimiento de las causas que tramitaban ante los jueces -Fallos 193:192; 234:482; 637 y otros posteriores.” (CSJN 21/11/1958, “Yankunaite Elena c/ Marelli Miguel”).

 

 

De este modo, la institución del Tribunal de Trabajo de Casas Particulares a partir de la sanción de la ley 26.844, no es sino una continuidad del antiguo ente ya existente, pero a la vez, su jerarquización, mediante una insistencia en la especialización de sus funcionarios, la conciliación como modo preferente de resolución de conflictos, la apelación a un tipo de proceso informal, verbal y actuado y la modificación de la denominación del órgano, reemplazando el peyorativo término de “Servicio Doméstico” por el nuevo léxico de la ley, de “Casas Particulares”, lo cual ratifica así casi setenta años de vigencia de actividad jurisdiccional administrativa.

 

 

La especialidad de la materia también es una nota distintiva del régimen de “Casas Particulares” y ello puede verse receptado en el propio texto de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que en su artículo 2° excluye del del régimen laboral general a los trabajadores de “servicio doméstico”.

 

 

Las razones de esta especialidad surgen de las especiales características que revisten las partes contratantes y del tipo de vinculación que mantienen, dentro del ámbito del hogar familiar.  

 

 

En el caso del empleador, se trata de una persona que, si bien recibe una ventaja o comodidad, actúa sin finalidad de lucro ni beneficio económico y no reviste carácter de empresario, lo que sostiene la exclusión del sistema del régimen general de la LCT.

 

 

Como ejemplo, entre otras particularidades, y como corolario de esta situación, no se requieren libros laborales para el registro de los dependientes y el proceso en el que se dirimen las eventuales controversias no admite la producción de prueba pericial contable.  

 

 

Por su parte, la figura de la dependiente (hoy en día un núcleo mayoritariamente femenino), pertenece a un colectivo vulnerable y relegado y se inserta a solas en la intimidad de un hogar ajeno, ya sea para pernoctar en él o con retiro, con los pros y contras que derivan de esta situación. Como rasgo distintivo, la prestación en general no recibe suficiente valoración social[xiii], presenta amplios núcleos sin registración previsional ni beneficios sociales, es prestada por trabajadores de menor nivel educativo que en otras actividades y muchas veces presenta campos propicios para el aprovechamiento y explotación.

 

 

Véase que la Corte Suprema ha destacado la fragilidad del personal de casas particulares, al hacer propio un dictamen de la Procuración General, que dice: “la reclamante, como trabajadora, es sujeto de «preferente tutela constitucional» (v. Fallos: 332:2043), y… con arreglo al principio in dubio pro justitia socialis, la preceptiva debe ser interpretada a favor de quienes al serIe aplicada con este sentido tienden a alcanzar el «bienestar», esto es, las condiciones de vida a través de las cuales es posible a la persona humana desarrollarse según su dignidad (Fallos: 289:430; 293:26).”[xiv]

 

 

En cuanto al desarrollo del trabajo, el trato entre las partes es directo. De este modo, en general y cuando ambas obran con buena fe, se establece una vinculación estrecha, en un ámbito íntimo y privado como lo es el hogar, con importante presencia de los valores de confianza, cotidianeidad, sentimientos de cariño, dedicación fuera del estricto marco laboral, e incluso, gratitud e integración dentro de la familia, todo ello de carácter mutuo y recíproco.

 

 

Por esta razón, los conflictos que surgen de la actividad y que se trasladan a controversias jurídicas tienen relevancia familiar y social, pues no sólo se debaten derechos de un colectivo particularmente frágil que depende en el día a día de sus ingresos, sino que tampoco el empleador es necesariamente una persona pudiente o económicamente desahogada, pudiendo tratarse de reclamos de alto impacto en el presupuesto familiar, ello en el contexto de un particular clima de afectividades rotas.

 

 

Así lo reconocía el decreto ley 326/56, al reconocer en la exposición de motivos “la proyección social de dichos conflictos” y justificar la presencia del antiguo Consejo por ser “necesario establecer un organismo jurisdiccional que mediante un procedimiento ágil y expeditivo reduzca a sus justos límites las cuestiones que pueda ocasionar la vigencia del mencionado decreto ley amparando legítimos derechos y previniendo posibles abusos de los mismos.”

 

 

 

Por su parte, en vista de las escalas salariales del sector y los haberes que establecen las partes, en general las controversias no involucran grandes montos, los cuales son inferiores, en mucho, a los procesos laborales que hoy día tramitan ante el fuero nacional del trabajo.

 

 

Ello nos permite abordar el último punto que sustenta la constitucionalidad y la intervención del Tribunal de Casas Particulares, que es el principio de inmediatez, al que se adiciona el de gratuidad de las actuaciones.

 

 

Con relación a la inmediatez, en el caso “POGONZA”, al referirse a las Comisiones Médicas la Corte Suprema subraya que: [consiste en] un “mecanismo institucional de respuesta ágil, organizado en base a parámetros estandarizados, que procure asegurar el acceso inmediato y automático a las prestaciones del seguro, y que evite el costo y tiempo del litigio”.[xv]

 

 

En este aspecto el Régimen Especial de Trabajo en Casas Particulares contiene disposiciones procesales específicas, donde se resaltan los principios de informalidad, claridad y sencillez, como puede verse en el art. 54 (“los conflictos… se sustanciarán en forma verbal y actuada, sin formas sacramentales inexcusables que impidan su desarrollo… el funcionario interviniente explicará a las partes en lenguaje sencillo y claro las normas que rigen el procedimiento”).

 

 

De igual modo, es de destacar la permanente insistencia del texto legal en la conciliación de las partes, como modo prioritario de resolución de los conflictos (arts. 53 y 54 inc c ley 26.844) y la rectificación de oficio de falencias procesales (inc d).

 

 

De acuerdo con este principio, los funcionarios del Tribunal que intervienen en los conflictos se encuentran específicamente capacitados para este tipo de conciliación, en una materia en la que los vínculos relaciones entre los litigantes distan ampliamente de las relaciones de trabajo tradicionales y presentan un elevado componente emocional, en función de las notas típicas antes señaladas.

 

 

En efecto, los conflictos de casas particulares resultan una mezcla de derechos laborales con el afecto y confianza que se presenta en esta forma de trabajo. Sentimientos de ingratitud, confusión de liberalidades con legítimos derechos, reclamos de años de fidelidad traicionados, entre tantas alternativas que se evidencian al quebrarse la relación. Es la nota más característica de la actividad: son relaciones laborales en las que muchas veces sus márgenes se ven desdibujados y desbordados en función de la relación directa entre el empleador y el dependiente y la confianza y cariño que en general envuelven a las mismas.

 

 

Por su parte, la parte trabajadora está apremiada por una solución económica inmediata, mientras que el empleador, en general, es neófito en juicios laborales y tiene un lógico temor por los costos a cubrir, con la carga emocional que ello conlleva.

 

 

De este modo, la práctica de la conciliación que se desarrolla en el tribunal es específica y presenta énfasis en una gestión de tono terapéutico y comprensiva, con orientación laboral y vocación de resolver los intereses en conflicto, en respuesta al principio del art. 54 inc c LCP como preferente a una solución por sentencia. Debe recordarse, además, que en general actor y demandado actúan en forma personal, y no a través de apoderados, como sucede en la mayoría de los procesos judiciales. Esta presencia incide directamente en la autocomposición de las partes para la resolución y la finalización del conflicto, el cual muchas veces genera un nerviosismo adicional al empleador -administrado de a pie- que tampoco aqueja a los demandados empresarios.

 

 

Es decir, la particularidad de estas relaciones de trabajo y los componentes subyacentes de estos vínculos tornan relevante la especificidad del Tribunal y la labor que desarrolla, en un servicio púbico donde los importes en discusión son poco representativos para la escala judicial general o “micro”, a la vez que el éxito radica en una gestión de carácter intensivo, con múltiples oportunidades para la negociación, labor de escucha personal y facilitación de acuerdos.

 

 

Se trata así de un esfuerzo y atención de temas que son subestimados en el ámbito judicial general, pero de gran relevancia para las partes, económica y afectivamente, en una gestión que a la fecha, ha demostrado ser de gran efectividad, puesto que la tasa de conciliaciones ronda el 50%.

 

 

Por esta razón, las palabras del voto mayoritario en el caso “AYALA” en cuanto a la superioridad del servicio de justicia tradicional se evalúan como injustas, pues en la práctica, los tribunales del trabajo difícilmente podrían abordar este tipo de asuntos -junto a accidentes fatales, grandes incapacidades, despidos millonarios, entre otros- con la misma dedicación.

 

 

 

4.- Actuación profesional. Rechazo de los abogados:

 

 

 

          Los principales opositores al sistema de jurisdicción administrativa es nuestro propio núcleo de los abogados litigantes. Influyen en esta consideración, aspectos regresivos del otro tribunal administrativo más concurrido a nivel nacional, las Comisiones Médicas de Riesgos del Trabajo.

 

 

No obstante, en el caso en particular del Tribunal de Casas Particulares, no se han reparado en algunas circunstancias que equilibran el sistema con los resultados de la Justicia Nacional Laboral.

 

 

          En efecto, contrariamente al sistema de “Riesgos”, que tiene prevista una tasa de interés legal (tasa activa del Banco de la Nación Argentina, art. 12 ley 27.348), el Tribunal de Trabajo de Casas Particulares aplica los mejores índices de las Actas de accesorios del Fuero Laboral Nacional, y en particular, el Acta 2764 de capitalización de intereses, puesto que de este modo, la instancia administrativa obra en congruencia con la posterior instancia revisora.

 

 

          Respecto de los honorarios profesionales, a diferencia del Régimen de Riesgos del Trabajo, bajo el cual está prohibido el pacto de cuota litis[xvi], en el caso de “Casas Particulares”, este pacto es modo habitual de acuerdo con el trabajador.

 

 

 

5.- ¿Un modelo para otros conflictos del trabajo?

 

 

En un esquema general[xvii] en el cual los procesos laborales llevan un promedio de 3, 4, 5 o más años, es claro que muchas controversias no encuentran hoy en día solución en el seno judicial y son olvidadas, renunciadas o se pasan a pérdida. Este esquema no sólo perjudica a los trabajadores, sino también a la parte empleadora.

 

 

En la experiencia comparada muchos tribunales del trabajo prominentes son de carácter administrativo y sus fallos son objeto de estudio a escala global, como es el caso de Irlanda y Australia. En artículos de este blog se han tratado también otros esquemas de soluciones diferentes para dirimir controversias, como el Ombudsman del Trabajo Justo en Australia. Si bien este ente no enfoca su actividad en casos individuales o particulares, una parte interesante de su éxito es la recuperación de salarios impagos donde obra una gran masa de afectados. La suma de pequeños reclamos forma el gran activo de sus logros.[xviii]

 

 

Con una concepción similar, una justicia administrativa específica en materia laboral podría dar respuesta a cuestiones relevantes previas al distracto: diferencias salariales de escaso monto, conflictos por licencias médicas (aspecto sumamente controversial), revisión de sanciones disciplinarias y algunos casos de ius variandi. Ello, entre tantas otras materias que, a excepción de que culminen en la ruptura de la relación, no arriban en general a la instancia judicial pero tienen una honda repercusión para las partes desde el punto de vista económico y también, de modo personal.

 

 

 

En síntesis, lo dicho hasta ahora refleja que los tribunales administrativos en el derecho del trabajo argentino están presentes desde una época temprana. Han sido actualizados y constituyen una herramienta idónea para descomprimir la carga litigiosa que pesa sobre los tribunales. Un derecho laboral moderno puede dirimir sus conflictos por vías diferentes de la judicial, que también necesita renovarse, y dar las respuestas que exige el desafío de insertarnos en el siglo XXI.

 

 

 

[i] Fallos: 344:2307

[ii] La CSJN se ha pronunciado en favor de la constitucionalidad de los tribunales administrativos desde larga data. Los fallos más destacados son “Fernandez Arias” (Fallos 247:646, 19/9/60) y “Angel Estrada” (Fallos 328:651, 05/04/2006). El Máximo Tribunal recuerda en “POGONZA” “[Los principios constitucionales referidos a la división de poderes plasmada en nuestro orden jurídico quedan a salvo siempre y cuando] los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independencia e imparcialidad estén aseguradas, el objetivo económico y político tenido en cuenta por el legislador para crearlos (y restringir así la jurisdicción que la Constitución Nacional atribuye a la justicia ordinaria) haya sido razonable y, además, sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente”.

[iii] Los abogados litigantes son el núcleo más importante en esta visión negativa por comparación con el régimen de Riesgos del Trabajo, pero el análisis del modo de funcionamiento de este Tribunal podrá evidenciar que la experiencia indica lo contrario.

[iv] Dice la Corte en “POGONZA”: “…en nuestro país existe una larga tradición legislativa en virtud de la cual se le han conferido a órganos de la administración competencias para dirimir controversias entre particulares sobre diversos temas… la Corte Suprema se ha pronunciado en reiteradas ocasiones reconociendo la validez constitucional de la atribución de competencias jurisdiccionales a órganos administrativos siempre que se cumplan ciertas condiciones…”

[v] Ello sin perjuicio de que algunas citas de fallos de Corte Suprema en las que se intenta sustentar la sentencia de la CNAT son incorrectas, pues se refieren al control judicial suficiente y a la apertura de instancias recursivas, pero no constituyen en sí, cuestionamientos a la jurisdicción administrativa.

[vi] “Pogonza”, considerando 7°.

[vii] Art. 54 ley 26.844.

[viii] Dice la Corte en Pogonza: “…la doctrina del precedente “Fernández Arias” establece que en las controversias entre particulares el control judicial suficiente se satisface con la existencia de una instancia de revisión ante la justicia en la que puedan debatirse plenamente los hechos y el derecho aplicable.”

[ix] La doble instancia en materia no penal no constituye afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Comparativamente, es necesario señalar que la doble instancia en materia laboral también tiene un límite: la inapelabilidad por monto establecida en el art. 106 de la Ley de Ordenamiento Laboral. De modo que la crítica que se efectúa en este aspecto en el caso “AYALA” en cuanto dice que “cualquier trabajador que ocurra ante la Justicia Nacional del Trabajo contará con al menos dos instancias judiciales ordinarias para litigar”, tiene en realidad, la restricción antedicha en razón del monto.

[x] Dictamen de la Procuración en autos «Coronel, Adelaída Del Rosario c/Rossi, Mirta Teresita s/Despido» CNT 19511/2017 /1/RH1.-

[xi] Y su reglamento, el decreto N°7978. La construcción inicial de 1956 fue un avance frente a la total orfandad legislativa previa. No obstante, el sistema quedó “congelado” en esta estructura insuficiente por casi cincuenta años y hasta el año 2013, ya que no se registró ningún tipo de evolución jurídica, sino por el contrario, una paralización absoluta del régimen del decreto ley 326/56. Este dato temporal, de medio siglo de distancia entre el decreto ley 326 y la ley 26 844 evidencia que la actualización de los derechos de este colectivo vulnerable pocas veces constituyó una prioridad legislativa.

[xii] Fallos 247:646, Fernández Arias, 19/9/1960.

[xiii] Tampoco el trabajo doméstico de la propia ama de casa.

[xiv] CSJN, “Ortiz, Graciela c/ Serpa de Torres, Nidia y/o Torres, Carlos y/o quien resulte responsable s/ despido, CSJ 000643/2015/RH001, 23/08/2018, Fallos: 341:954.

[xv] Ver considerando 9°.

[xvi] art. 2 in fine, ley 27.348.

[xvii] Son cálculos promedio.

[xviii] https://www.doctrinalaboral.ar/defensor-del-pueblo-para-el-trabajo-justo-en-australa/

DOCTRINA LABORAL

Me gradué en la UBA (plan viejo), después siguieron una maestría y una especialización. La profesión me regaló muchas satisfacciones, aunque también algún disgusto. Pero el derecho, amigo fiel, siempre toca a la puerta.

Hoy me acompañan en este blog colegas de larga trayectoria. A todos nos une una necesidad intelectual: la de pensar. Por eso escribimos, para pensar. Y para que vos, querido lector, te sumes a este difícil ejercicio junto a nosotros.

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